Los countries y barrios cerrados bonaerenses deberán reempadronarse

Según el Gobierno provincial, es una “nueva etapa” para que unas 600 urbanizaciones regularicen su situación dominial, ya que las construcciones no declaradas le provocan al fisco una pérdida de $ 1.500 millones anuales.

Por Redacción

jueves 17 de diciembre, 2020

El Gobierno bonaerense oficializó este jueves la decisión de reempadronar las urbanizaciones cerradas asentadas en el territorio de la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de regularizarlas.

Mediante la Resolución 650 del Ministerio de Gobierno, publicada en el Boletín Oficial del distrito, se creó “una nueva etapa del Empadronamiento y Puesta a Norma de Conjuntos Inmobiliarios Consolidados con carácter final”. Con la medida, el Gobierno bonaerense busca convocar a unos 600 countries a regularizar su situación dominial.

En la norma, se estableció que el plazo de inscripción al empadronamiento comenzará hoy y finalizará el 31 de marzo de 2021. Podrán acceder a él los titulares de dominio o representantes legales de clubes de campo y barrios cerrados, que por el grado de consolidación no puedan obtener convalidación técnica final.

En territorio bonaerense, sólo 343 de los 1.070 barrios cerrados y urbanizaciones nuevas existentes están en regla, mientras que 97 están en proceso de normalización.

En octubre el director ejecutivo de la Agencia de Recaudación bonaerense (ARBA), Cristian Girard, aseguró que los barrios cerrados sin registrar en la provincia le generaban al fisco una pérdida de, como mínimo, 1.500 millones de pesos al año. Y este mismo mes de diciembre se informó que hay 632.982 metros cuadrados construidos en estas urbanizaciones sin declarar: “Muchos countries albergan casas de lujo que tributan como baldíos o terrenos rurales”, según Girard.

En el norte
Casi la mitad de los barrios cerrados registrados se encuentran en los distritos de Pilar, Tigre y Escobar, de acuerdo a datos oficiales, y el 80% de los mismos se encuentran en el AMBA.

Se remarcó que “aquellos poseedores de parcelas, lotes de terreno, unidades funcionales o privativas de urbanizaciones que se encontraren en infracción, y cuyos titulares de dominio no se hubieran inscripto en el empadronamiento, podrán manifestar su interés en ingresar desde el 1 al 30 de abril de 2021, debiendo acreditar haber intimado en forma fehaciente al titular de dominio y los responsables del desarrollo a inscribirse”.

En los fundamentos de la medida, se recordó que en 2019 se creó el Régimen de Regularización de Conjuntos Inmobiliarios Consolidados, cuyo plazo de vigencia fue de 90 días y durante el cual ingresaron 97 urbanizaciones cerradas.

Asimismo, se añadió que, mediante relevamientos satelitales, se detectaron uno 600 inmuebles “en los cuales se advierten desarrollos inmobiliarios consolidados y compatibles con las figuras urbanísticas de club de campo y barrio cerrado que no contarían con Convalidación Técnica Final y, por lo tanto, estarían en infracción a la ley”.

Irregularidad
“La irregularidad de la consolidación de estos desarrollos es exponencial, motivo por el cual es imperioso resolver la situación en términos finales, compromiso al cual se debe arribar tanto desde el Estado provincial y municipal como de la voluntad unívoca del sector privado”, se apuntó.

Luego, se destacó que “el otorgamiento de la factibilidad en las urbanizaciones cerradas, lejos de constituir un mero trámite, implica el resguardo técnico urbanístico, hídrico y ambiental de un proyecto, motivo por el cual aquellos desarrollos que se consolidan sin los respectivos estudios constituyen un riesgo potencial para la población en general”.

Además, se apuntó que “existen en la Provincia gran cantidad de parcelas vendidas en infracción a la ley y en perjuicio de los adquirentes de las mismas, en tanto la subdivisión y escrituración deviene de cumplimiento imposible”.

Finalmente, se subrayó que ello “también repercute en la esfera tributaria, al postergarse la instancia de aplicación de la metodología de valuación adecuada técnicamente para captar el valor inmobiliario involucrado (…) generando situaciones de inequidad impositiva frente a las cuales el Estado no quiere ni puede ser indiferente”.

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