La resolución de la Cámara Federal de Mar del Plata creó una nueva doctrina en defensa del secreto profesional periodístico

Constitucionalistas, académicos, abogados y periodistas coincidieron en que la sentencia que anuló el procesamiento del periodista de Clarín “es un cambio rotundo” en la jurisprudencia e interpreta correctamente al artículo 43 de la Constitución.

Por Redacción

viernes 18 de diciembre, 2020

El constitucionalista Antonio María Hernández, el decano de la facultad de Derecho de la universidad Austral, Manuel García Mansilla, el abogado Mauricio De Nuñez y el presidente de FOPEA Fernando Ruiz, destacaron que el “fallo Santoro” de la Cámara Federal de Mar del Plata sentó nueva doctrina en defensa del secreto profesional periodístico y la investigación periodística.

Durante una videoconferencia realizada anoche por la universidad Austral y de la que participaron más de 250 personas, Hernández –el redactor del artículo 43 de la Constitución sobre el secreto periodístico- destacó que hasta antes del fallo de los jueces Eduardo Jiménez y Alejandro Tazza “había una profunda discordancia” entre la carta magna y la jurisprudencia de algunos jueces como, por ejemplo, el de Dolores Alejo Ramos Padilla.

El viernes de la semana pasada ese tribunal de alzada revocó los procesamientos que el juez Ramos Padilla había dictado contra Daniel Santoro en el caso D’Alessio e hizo una defensa de los derechos constitucionales del periodista de Clarín para investigar la corrupción. El voto dice que los jueces no tienen derecho a inmiscuirse y “apostrofar” en las relaciones entre periodistas y fuentes.

“El fallo Santoro es un cambio rotundo en la jurisprudencia al interpretar correctamente el alcance del artículo 43 e incluso del 36 sobre el valor estratégico del periodismo de investigación en la lucha contra la corrupción”, dijo el profesor de la Universidad Nacional de Córdoba.

El artículo 43 dice que "no podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística" y el 36, que “atentará contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos”.

Hernández destacó la “contradicción” de algunos jueces persiguen por un lado penalmente a periodistas de investigación como “Santoro, Jorge Lanata, Diego Cabot o Tato Young, mientras por otro facilitan la impunidad de los corruptos”.

El fallo Santoro “es también importante porque reduce el efecto de autocensura y de temor a ser perseguido judicialmente entre los periodistas”, destacó.

De Nuñez, quien junto a Guido Sciarreta, defendió a Santoro en Dolores se quejó de la actitud “parcial” de Ramos Padilla en la causa D’Alessio quien creó “una causa monstruosa de 200 legajos que manejaba como un señorío”.

Destacó que el juez y miembro de Justicia Legítima procesó el año pasado a Santoro justo antes de las elecciones PASO y sin ejecutar ninguna de las 20 medidas de prueba solicitadas. Dijo “estar conmovido por las impresionantes muestras de solidaridad que recibió Santoro de otros colegas, de Clarín, de otros medios y organizaciones periodísticas como la Academia de Periodismo, ADEPA y FOPEA”, entre otros.

Destacó que el objetivo de a causa de Dolores, como parte del Operativo Puf, era anular la causa de los Cuadernos de las Coimas y lograr la destitución del fiscal Carlos Stornelli.

Ramos Padilla abusó de la figura del querellante aceptando 20. Entre mis colegas se decía, con ironía, que cualquier que iba a cargar nafta en Dolores era aceptado como querellante”, agregó De Nuñez.

Destacó que el juez pidió las llamadas entrantes y salientes del celular de Santoro de los últimos tres años, ordenó un informe “ilegal” de la Comisión Provincial de la Memoria para determinar si “las notas de mi cliente eran operaciones de acción psicológica”, entre otros “atentados” contra el ejercicio del periodismo independiente. Destacó que los fiscales Juan Pablo Curi y Juan Manuel Pettigiani “cuidaron la legalidad del proceso frente a los abusos del juez”.

A su turno, García Mansilla hizo una comparación entre la constitución y la jurisprudencia de la Argentina y EE.UU. Subrayó que “en nuestro país la protección al secreto periodístico es más fuerte” y que el fallo de la Cámara Federal de Mar del Plata así lo reflejó.

El fallo Santoro es un hito en la defensa de la libertad de Prensa y del secreto periodístico y muestra que es inadmisible la persecución penal de periodistas por eventuales delitos cometidos por sus fuentes”, agregó el académico. García Mansilla recordó que los periodistas Carlos Pagni y Roberto García estuvieron diez años procesados por el supuesto delito de encubrimiento de un secreto de Estado por parte de la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado.

Según los inspiradores de la constitución de EE.UU., fuente de la carga magna argentina, la función de los periodistas “es servir a los gobernados, no a los gobernantes”, subrayó García Mansilla.

Por su parte, Ruiz coincidió en que “el fallo Santoro sienta una barrera de protección para los periodistas de investigación” como Cabot, Italo Pisani de Río Negro, Daniel Enz de Entre Ríos y de Irene Benito de Tucumán que ahora sufren persecuciones penales.

Explicó que “un sector de la política en combinación con algunos jueces desarrolló un mecanismo de destrucción de la reputación de los periodistas que lo investigan”. “En vez de responder con datos a las investigaciones, criminalizan el ejercicio de la profesión y crearon una red de medios, sin estándares profesionales, que amplifican sus denuncias”, agregó. Como dice la cámara de Mar del Plata, las notas de Santoro objetadas por el juez Ramos Padilla “son neutras y cumplieron con estándares profesionales y sin embargo, intentaron sacarle su voz en el debate público”.

Por último Santoro agradeció el apoyo que recibió durante estos dos años de las autoridades y colegas de Clarín, de sus abogados, de FOPEA, ADEPA, la Academia de Periodismo, el Comité de Protección de Periodistas de Nueva York, el relator de Libertad de Expresión de la CIDH, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, el Ipys de Perú, Connectas de Colombia, entre otras organizaciones nacionales e internacionales. También por los escritos como amicus curiae de Hernández, Andrés Gil Domínguez, Media Legal Defence Initiative de Londres, Marta Nercellas, Daniel Sabsay, Luis Herrero, Ricardo Guibourg y Alfredo Popritkin, entre otros.

Fuente: Clarín

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