ARA San Juan: los familiares exigen al Estado una indemnización total de USD 44 millones

El gobierno de Alberto Fernández rechazó la demanda y envió un proyecto de ley al Congreso para conceder un resarcimiento similar a las víctimas por el atentado a la AMIA y de la explosión de la fábrica de armas de Río Tercero.

Por Redacción

sábado 19 de diciembre, 2020

Mientras la Justicia Federal de Caleta Olivia continúa investigando el hundimiento del ARA San Juan junto a sus 44 tripulantes, y presuntas irregularidades en su búsqueda, motivo por el cual ya hay varios altos mandos de la Marina procesados; y en el Consejo de Guerra se trata de determinar si el ex jefe de la Armada, almirante Marcelo Srur, y otros siete subalternos, cometieron faltas “gravísimas” por esos hechos, Infobae estableció que la numerosa querella encabezada por los abogados Fernando Burlando, Valeria Carreras y Lorena Arias, solicitó una indemnización, para cada una de las familias que representan, de 55 millones de pesos, que equivalían a un millón de dólares en 2019, año en que le presentaron la propuesta al presidente Mauricio Macri, a través del ministro de Defensa Oscar Aguad.

El mismo planteo ya realizaron ante el actual titular del área, Agustín Rossi. Como antes lo hizo el ministro de Macri, el funcionario de Alberto Fernández también rechazó de plano el “reclamo administrativo”, que tiene entre sus argumentos, “otorgarles una reparación integral por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la desaparición física -del oficial o suboficial- en ocasión de prestación de tareas, como tripulante del Submarino Argentino ARA San Juan, buque que fuera protagonista de la mayor tragedia naval Argentina en tiempos de paz”.

La petición, que se realizó de manera individual para cada uno de los fallecidos representados por la querella más numerosa (representan a 29 de las 44 familias), desmenuza en el reclamo la categoría del militar, su ingreso a la Armada, el lugar de trabajo, la tarea que desarrollaba y el salario que cobraba.

En uno de esos puntos se recuerda, por ejemplo, que “el impacto de su desaparición en su núcleo familiar no solo los dejo sin la única fuente de ingreso económica, si no que cambio para siempre su familia y a cada uno de sus integrantes como individuos”, por esa razón, dice el texto: “No existe forma de describir razonablemente el daño que esta pérdida ocasionó en todos los órdenes de su existencia”.

En el escrito Burlando, Carreras y Arias recuerdan que hasta el momento no se les abonó “suma alguna en concepto de pago de los daños producidos por el accidente de trabajo para que se le reparen integralmente las consecuencias dañosas derivadas de este terrible hecho”.

En el “reclamo administrativo” los demandantes razonan: “El Estado Nacional – el ministerio de Defensa – Estado Mayor General de la Armada Argentina- en su doble rol de empleador y dueño del buque bajo su exclusiva responsabilidad y dependencia, es quien resulta responsable del daño que hoy vive mi mandante y su familia. El Buque salió y no volvió. La responsabilidad del Estado Argentino es plena”.

Para la querella no existen dudas de que el siniestro ocurrió porque el ARA San Juan no estaba en condiciones de patrullar el Mar Argentino, y que a sabiendas de esto, zarpó igual poniendo en peligro a toda la tripulación. “El Estado utilizó un buque cuyo estado no era el adecuado para la navegación y con serias carencias de medidas de seguridad”, se asevera en la demanda.

Una vez establecido el marco legal para sostener el resarcimiento, los abogados de las viudas de los tripulantes calcularon que, por ejemplo, un suboficial de unos 30 años de edad, y con una vida útil de 75 años, le correspondería a sus deudos una indemnización, en “concepto de reparación integral” de $55.580.000, a los que habría que sumarle los intereses de los tres años que pasaron desde su muerte, los gastos generados en la demanda y las costas de los abogados.

A principio de año -30 de enero- los querellantes Valeria Carreras, Lorena Arias y Fernando Burlando, mantuvieron una extensa reunión con el ministro Agustín Rossi. En su despacho, le reiteraban al funcionario las exigencias que realizaban las viudas, a través de ellas.

El pedido total era de unos 29 millones de dólares que equivalían a $1.595.000.000 según los cálculos realizados a mediados del año 2019.

Según pudo saber Infobae, hasta ahora el resto de las familias representadas por la otra querella, la de Luis Tagliapietra, padre del oficial de la armada Alejandro Tagliapietra, no se sumó a ese reclamo. Es más, no solicitaron indemnización.

“Nosotros solo buscamos verdad y la justicia”, sostiene el abogado.

Rossi les respondió por escrito que enviaría un proyecto de ley al parlamento para que todas las familias de las víctimas reciban, por única vez “un beneficio extraordinario a los familiares de los y las tripulantes del submarino ARA San Juan”, pero que de ninguna manera les abonaría la onerosa imposición.

Según reconstruyó este medio de fuentes ministeriales, Rossi argumentó que no podía compensar a las viudas o viudos con un monto extremadamente superior a lo que se les otorgó, por ejemplo, a las víctimas del atentado terrorista de la AMIA, o a los de la explosión de la fábrica militar de armamentos de Río Tercero, en la provincia de Córdoba, entre otros casos.

En esos casos se utilizó la siguiente fórmula: 100 A0, esto es: cien sueldos correspondientes a la categoría A cero (0) del Convenio Colectivo Sectorial del sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), que al 1 de octubre de este año, tenía un valor de $66.932,40.

Es decir que a las viudas, viudos, o la personas beneficiada le correspondiera $6.693.240, es decir $48.306.760 menos a lo exigido por la querella de Burlando, Carreras y Arias.

A pesar de la disconformidad demostrada por la numerosa querella, Rossi envió al Congreso el proyecto de ley que figura en el punto 17 para ser tratado en las próximas sesiones parlamentarias. Ahora será el Congreso quien decida si avala o no la iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional.

Desde el entorno del ministro Rossi se aclaró a Infobae que las víctimas “no están obligadas a acceder al beneficio extraordinario, como por ejemplo, el recibido por los ex detenidos desaparecidos. Hay varias familias que ya expresaron su voluntad de no recibir ningún tipo de compensación porque entienden que lo sucedido es parte de los riesgo de la profesión que eligieron sus hijos y esposos o esposas”.

Fuente: Infobae

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