Comerciantes marplatenses preocupados por la nueva resolución provincial sobre la gestión de residuos
La Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP) de Mar del Plata solicitó la intervención urgente para derogar la nueva resolución provincial sobre la Gestión de Residuos que establece exigencias para los "generadores especiales de residuos sólidos urbanos".
La normativa se ocupa de los generadores especiales de residuos sólidos urbanos y entrará en vigencia a partir del 1° de marzo de 2021. La anterior regulación solo estaba circunscripta al territorio del AMBA, mientras que esta abarca a toda la provincia de Buenos Aires.
La Resolución 317/20 abarca a los rubros de supermercados, hipermercados, shoppings, galerías comerciales, establecimientos de servicio u hospedaje, comercios, centros de distribución, universidades públicas y privadas y dependencias de la administración pública provincial.
En este sentido, la UCIP local consideró la resolución establecida por el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible de la Provincia de Buenos Aires (OPDS) genera preocupación al sector empresarial por la incrementación de costos, no previstos, que supone su cumplimiento.
Frente a esta situación y en representación de sus asociados, la Unión elevó una carta de carácter urgente a la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA) para su intervención, por intermedio de la Comisión de Medio Ambiente de FEBA, ADIBA y OPDS, para solicitar la derogación de la misma o en su efecto una prórroga de 180 días.
Explicaron que derogarla permitirá demostrar que el comerciante podrá cumplir con los preceptos de la norma, en cuanto a la separación de residuos en origen, pero sin ser obligados a recurrir a registraciones y contrataciones de servicios que les serán imposibles de costear.
Desde la entidad también destacaron estar de acuerdo con todas aquellas acciones que sirvan para cuidar el medio ambiente, pero ante la grave situación económica y financiera de público conocimiento que está atravesando el sector comercial y empresarial, entienden que es imprescindible trabajar para preservar la permanencia de ellos en el sistema y no sumarles nuevas cargas que puedan propiciar el cierre.
El presidente de la UCIP, Blas Taladrid manifestó: "La normativa que pretende entrar en vigencia implica para las empresas nuevos costos, no sólo por la misma implementación de la separación de residuos sino por la disposición final y el pago de honorarios profesionales y de registro. En las actuales condiciones que están viviendo las empresas, y sobre todo en particular desde el inicio de la pandemia, no es momento para incorporar nuevos costos al sector productivo".
