En enero y febrero, se desarticularon más de 500 fiestas clandestinas en Mar del Plata

Así lo indicaron desde el municipio a El Marplatense. El 23 de enero se produjo el pico de fiestas ilegales en Mar del Plata: se desbarataron 33.

Por Redacción

martes 2 de marzo, 2021

Durante esta temporada de verano, la municipalidad de General Pueyrredon, a través de distintas áreas, realizó tareas de control en distintos sectores de la ciudad de Mar del Plata. Puntualmente, las acciones se abocaron al control del espacio público, denuncias por posibles fiestas clandestinas, control en playas, corredores gastronómicos y paseos comerciales.

A través de la línea gratuita de Whatsapp dispuesta por el municipio para denunciar la posible realización de fiestas clandestinas, durante los meses de enero y febrero, se constataron 522 como positivas y fueron desactivadas.

En enero, se desbarataron 332 fiestas clandestinas y 190 en febrero. En ese contexto, el sábado 23 de enero fue el día que más fiestas ilegales se desarticularon: fueron 33. Así lo detallaron fuentes oficiales del municipio a este portal de noticias.

En enero de este año, el titular del Juzgado Federal Nº1 de Mar del Plata, Santiago Inchausti, hizo lugar al pedido del fiscal general Daniel Adler, en su carácter de fiscal subrogante de la Fiscalía Federal Nº2 de primera instancia de esa jurisdicción, y ordenó convocar a declaración indagatoria a dos jóvenes empresarios imputados por realizar "fiestas clandestinas" en esta ciudad balnearia entre el 29 de diciembre y el 6 de enero pasados, en violación a la normativa sanitaria dispuesta para enfrentar la pandemia de Covid-19.

A pedido de la fiscalía, el juez cursó la orden al Juzgado Federal de Rosario en turno, dado que ambos imputados residen en esa ciudad del sur santafesino. En la rogatoria, el juez dispuso que se notifique a los imputados y ordenó, como medida cautelar, que no puedan ausentarse de su domicilio hasta tanto se celebre la audiencia en la que declaren como imputados y que, asimismo, se secuestren sus teléfonos celulares.

El secuestro de los dispositivos electrónicos fue solicitado por el fiscal para profundizar la investigación sobre la organización de las fiestas. La indagación preliminar sobre el perfil comercial de uno de los imputados permitió conocer que se encuentra inscripto ante el fisco en el rubro "información y comunicaciones".

Esa circunstancia, señaló Adler en su dictamen presentado anteayer, "me permite sostener, en este contexto, que evidentemente, además, posee los conocimientos y medios técnicos para proporcionar a través de las redes sociales un evento de esta naturaleza". El otro imputado aparentemente presta "servicios jurídicos" a una firma que realiza actividades gastronómicas. "Se robustece el dato inicial que los organizadores tenían ciertos vínculos con sitios de esparcimiento nocturno en Rosario", evaluó el fiscal marplatense.

"Los investigados no solo ponen en riesgo la salubridad pública, sino también ponen en marcha el dispendio de cuantiosos recursos económicos y humanos del Estado en pos de su persecución, los cuales deberían poder ser destinados al combate de la pandemia. Es por eso que las medidas cautelares de índole patrimonial resultan trascendentes a los fines de eventuales reparaciones y búsqueda de soluciones alternativas al conflicto con donaciones a hospitales públicos de la ciudad", había fundado Adler en su petitorio.

Se trata de hechos ocurridos entre la 01.00 y las 04.30 del 6 de enero pasado en una propiedad de dos plantas situada en la calle Racedo y Avenida Martínez de Hoz de Mar del Plata, aunque tanto el dictamen del fiscal como la orden judicial refieren la existencia de elementos probatorios sobre la realización de fiestas desde el 29 de diciembre.

La investigación se inició con el envío a la fiscalía del sumario policial labrado por la Policía Departamental de General Pueyrredon, iniciado por llamados de vecinos a la línea de emergencia 911 y a la línea local de la Municipalidad de ese distrito el 6 de enero pasado.

Las actuaciones refieren que efectivos policiales y personal de la patrulla municipal se hicieron presentes a las 04.30 y constataron "la presencia de aproximadamente quinientos jóvenes de entre 20 y 30años quienes se encontraban consumiendo alcohol y escuchando música a alto volumen".

Las personas "comenzaron a retirarse sin ningún inconveniente" al advertir la presencia policial y de agentes del gobierno local.

La investigación ordenada por la fiscalía permitió determinar que el inmueble había sido alquilado por dos grupos de jóvenes procedentes de la ciudad de Rosario, pero que no tendrían vínculo entre sí. Cada grupo ocupó una planta del inmueble.

Uno de los agentes municipales declaró en la pesquisa que “la mayoría de los jóvenes resultaban ser oriundos de la ciudad de Rosario" y que "varios de ellos se dedicaban al rugby”. Agregó que “si bien en ambas plantas en teoría había inquilinos que manifestaron no conocerse entre sí, lo cierto es que por el costado y mediante una escalera que conecta ambos pisos los jóvenes subían y bajaban, razón por la que la fiesta se llevaba a cabo evidentemente en ambos lugares y de forma compartida".

Un oficial del Comando de Patrullas Zona Sur, por su parte, expresó que uno de los dos imputados explicó esa madrugada que "se encontraba vacacionando y que la gente se le aglomeró en su casa sin haber organizado ningún tipo de evento". Del cruce de los testimonios de los agentes, surgió que el mismo sujeto manifestó que "había alquilado la vivienda y organizado una fiesta".

Con posterioridad a los sucesos denunciados de la madrugada del 6 de enero, la policía practicó una inspección del lugar. El resultado de la medida llevó a concluir a la fiscalía que se había llevado a cabo "una fiesta de gran magnitud", ya que en el patio trasero del inmueble había "más de veinte bolsas de residuos de color negra con botellas de todo tipo de bebidas alcohólicas y vasos", y que en la planta baja, a través de postigos entre abiertos, se observaron botellas vacías de vodka y de otras bebidas alcohólicas.

Entre otros elementos, se incorporaron a la causa fotos y videos tomadas en la madrugada de los hechos, que -señaló la fiscalía- "ilustran el volumen de la gente concurrente, la mayoría de ellos jóvenes de entre 20 y 30 años que se encontraban en el lugar sin barbijo ni otras medidas de cuidado, y quienes procedieron a retirarse ante la presencia policial, muchos de ellos portando bebidas en sus manos".

En la investigación también se pudo determinar que, con posterioridad a la intervención policial de aquella madrugada, los dos hombres hoy imputados, inquilinos del inmueble, se retiraron en simultaneo del lugar y no fueron vistos nuevamente, pese a que al menos uno de ellos había firmado un contrato de locación hasta el 9 de enero. "El grupo de abajo tenía pago hasta el 9/1 pero luego de los hechos de público conocimiento dejaron las llaves en las puertas del domicilio y se retiraron del lugar", declaró el empleado de la inmobiliaria.

Los investigadores también averiguaron que los locatarios abonaban diariamente entre dos mil y tres mil pesos por la limpieza de la vivienda.

Este dato, indicó el fiscal, "nos da la pauta que efectivamente era personal contratado específicamente para lidiar con el desbarajuste que ocasionaban las fiestas que se celebraron allí desde el 29 de diciembre; máxime si tenemos en cuenta que el sueldo acordado para estas labores oscila entre $159/171 la hora".

El fiscal encuadró los hechos como violatorios del decreto de necesidad y urgencia 1033/2020, del 20 de diciembre pasado, cuyo artículo 8vo, indica que en los lugares alcanzados por el distanciamiento social, preventivo y obligatorio (Dispo), como el caso del distrito bonaerense de General Pueyrredon, están prohibidos los eventos culturales, sociales, recreativos, religiosos o familiares y actividades en general de más de viene personas en espacios cerrados y en espacios al aire libre si se trata de lugares privados de acceso público.

La misma norma, en su artículo 29no, dispone que al constatarse una infracción a lo dispuesto "se procederá de inmediato a hacer cesar la conducta infractora y se dará actuación a la autoridad competente, en el marco de los artículos 205, 239 y concordantes del Código Penal". El artículo 205 reprime la violación de medidas tendientes a evitar la introducción y propagación de una epidemia, mientras que el 239 reprime la resistencia y desobediencia a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones.

Adler destacó en su dictamen "la especial gravedad del hecho", en razón "del importante aumento de casos de Covid en esta ciudad y la afluencia de personas de distintas partes del país que se encuentran vacacionando". En tal sentido, citó jurisprudencia reciente de la Cámara Federal de Mar del Plata que valora hechos similares con idéntico sentido, al señalar que "nos encontramos ante el advenimiento de una realidad sin precedentes en la historia reciente, y en la cual los Estados han adoptado las medidas que estimaron conducentes para paliar el avance del virus y evitar el colapso del sistema sanitario".

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