Clases presenciales: el Gobierno presentó ante la Corte los argumentos para suspenderlas

Este lunes a última hora se presentó la respuesta del Gobierno ante la solicitud que había realizado la Corte Suprema tras el pedido de la Ciudad.

Por Redacción

martes 27 de abril, 2021

El Procurador General del Tesoro Carlos Zannini, respondió en nombre del Gobierno nacional a la exigencia de la Ciudad de mantener la presencialidad. En 113 páginas, negó todos los dichos de los abogados porteños y solicitó que la provincia de Buenos Aires intervenga como “tercero”, ya que la medida alude al área del AMBA.

“El Gobierno Federal comparte el criterio de que la suspensión de la presencialidad en las aulas debe llevarse adelante por el menor tiempo posible; pero en este contexto actual, es deber del Estado abordar medidas de tal carácter, en protección de la vida y la salud pública”, afirma el extenso texto presentado por Zannini, donde se asegura que “subyace en la demanda una mirada negacionista de la realidad y de la grave situación que representa la pandemia”.

Para refrendar su creencia de falta de corroboración de los puntos expuestos por la Ciudad, el Procurador asegura que en la demanda “no expone nunca un test de proporcionalidad estricto” y considera que “no es posible, sin hacer tal test constitucional, a través de la ponderación de derechos, arribar a la conclusión mencionada (que exista una “violación del principio de razonabilidad”)”.

La incorporación de la Provincia

“El AMBA es un conglomerado pluri-jurisdiccional, que abarca en su plenitud a la CABA y también una porción considerable de la Provincia de Buenos Aires”, aclara Zannini. “Así, las decisiones sanitarias locales, en la medida en que no afecten la salud de la población a nivel nacional o de las restantes jurisdicciones, puede resultar competencia propia de la Ciudad”, comienza explicando el funcionario, que cambia al indicar que “cuando la acción o inacción de las autoridades locales trascienda de forma cierta, probable o inminente a otras jurisdicciones, suscita la competencia federal por la inter-jurisdiccionalidad de la situación configurada”.

Este es el punto de ingreso de la Provincia, ya que Zannini afirma que “el GCABA se autopercibe autónomo en términos tales que no advierte que sus actos y omisiones proyectan efectos y consecuencias más allá de los límites territoriales de la Ciudad”.

“En función de esto último, se solicita a V.E. que disponga la citación de la Provincia de Buenos Aires en calidad de tercero de intervención obligada en estas actuaciones, en función de lo previsto en el artículo 94 del C6digo Procesal Civil y Comercial de la Nación, ya que la controversia planteada por la CABA resulta común al Estado Nacional y a la Provincia”, indica el texto presentado.

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