El Gobierno denunciará penalmente a 15 marplatenses que no respetaron la cuarentena obligatoria

La Dirección Nacional de Migraciones informó que el 58% de las personas que regresan a Mar del Plata desde el exterior incumplieron el aislamiento. Se visitaron 26 viviendas y solo en 11 de ellas se respetó. Advirtieron que esa infracción contempla penas de entre 3 y 5 años de prisión.

Por Redacción

lunes 21 de junio, 2021

Tal como adelantó El Marplatense, el 58% de las personas que regresan a Mar del Plata desde el exterior no cumplen con la cuarentena obligatoria, lo que la posiciona como la localidad de la provincia de Buenos Aires con el mayor porcentaje de incumplimiento, según datos la Dirección Nacional de Migraciones.

A nivel nacional el dato es igual de alarmante. El organismo, dependiente del Ministerio del Interior, que conduce Florencia Carignano, detectó que casi el 40% de quienes ingresan a la Argentina no respetan el aislamiento.

Así lo confirmaron tras poner en marcha un refuerzo en los controles de aislamiento para colaborar con las provincias con el objetivo de evitar la propagación de las variantes que aún no tienen circulación en el país, que son más infecciosas.

Como resultado, el Gobierno decidió denunciar penalmente a todas estas personas por violar las medidas sanitarias impuestas. Según informó  Infobae, serán las delegaciones que tiene Migraciones en cada provincia las encargadas de hacer este martes las presentaciones correspondientes ante la justicia federal contra los 287 ciudadanos que rompieron las normas.

En Mar del Plata, se visitaron 26 viviendas y solo en 11 de ellas la persona estaba haciendo la cuarentena correspondiente. Por lo que, se acusará a 15 personas ante un fiscal por los delitos de atentar contra la salud pública y de desobediencia, contemplados en los artículos 205 y 239 del Código Penal, respectivamente.

La primera de estas tipificaciones establece que "será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia".

En tanto, el segundo artículo ordena "prisión de quince días a un año" para "el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal".

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