Polémico pase de Bromatología a Inspección General: "Significa un riesgo evidente y muy grave a la salud pública"
En septiembre pasado, la municipalidad de General Pueyrredon dictó el decreto 1664 que establece incumbencias por parte de la subsecretaría de Inspección General en materia de inspectorías de control bromatológico. Situación que puso en alerta a diversas entidades que este miércoles, en conferencia de prensa, expresaron su preocupación y exigieron la derogación del Decreto.
"Somos 9 entidades reunidas pidiendo lisa y llanamente la derogación del decreto que firmó el Intendente municipal, mediante el cual se subordina todo el accionar del Departamento de Bromatología de la secretaría de Salud a la subsecretaría de Inspección General", indicó el Defensor del Pueblo de General Pueyrredon, Fernando Rizzi.
Y aclaró: "Esto significa un riesgo evidente, muy serio, muy grave a la salud pública, ya que se le quita totalmente la autonomía al área de bromatología que por ley provincial debe depender de las áreas de salud municipales, subordinándolos a la decisión de la subsecretaría de Inspección General. Esto refiere a que tiene que pedir autorización expresa para cualquier control que quieran hacer y renuncia a la potestad de clausurar establecimientos, donde corresponda, y que no se puedan hacer más inspecciones espontáneas, donde muchas veces se encuentran situaciones de riesgo. Asimismo debilita al organismo y reduce su función".
En cuanto a las consideraciones que sustentan esta determinación, Rizzi subrayó que "son muy débiles los argumentos del decreto. No va a agilizar ni desburocratizar la situación, por el contrario. Se habla de no perjudicar la actividad económica. No entendemos el por qué hay un traspaso de funciones".
El Defensor del Pueblo de la Provincia, Eduardo Carnicero, en tanto dijo que el Decreto "no saca a bromatología del área de salud, pero lo vacía de contenido. Esto vulnera toda la normativa. Si esto se debe a un error, que se derogue. Si el Ejecutivo insiste haremos amparos ante la Justicia por su inconstitucionalidad. El Concejo Deliberante debería expedirse ante la clara vulneración de la salud pública".
"Si le quietamos espontaneidad, la burocracia hace pensar que hay ciertos lugares que se pueden inspeccionar y otros que no. Ojala no fuese así, pero esta decisión da esa posibilidad", cerró.
En la conferencia de prensa, estuvieron presentes la Defensoría del Pueblo de General Pueyrredon, Asociación Argentina de Tecnólogos Asociados, Colegio de Veterinarios, Colegio de Ingenieros, Comisión Asesora Honoraria del Departamento de Bromatología, Asociación Celíaca Argentina, INADI, Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires y el Centro de Ingenieros.