En respuesta a la marcha oficialista, abogados, profesores y opositores se movilizan en defensa de la Corte
En respuesta a la marcha del kirchnerismo contra la Corte Suprema, organizaciones de la sociedad civil, agrupaciones vinculadas a la Justicia y dirigentes opositores se movilizan este jueves al Palacio de Tribunales en defensa del máximo tribunal.
La convocatoria “3F”, como reacción a la protesta del “1F” del kirchnerismo, había sido originalmente impulsada por abogados y profesores, pero en los últimos días referentes de la oposición hicieron pública su adhesión y se comprometieron a estar presentes.
“La Corte no se toca”, “Sin Justicia no hay república”, “Basta de jueces cómplices”, “Basta de impunidad” y “Mafia o República” fueron algunas de las consignas en la manifestación de este jueves.
Los manifestantes también piden la detención de la vicepresidenta Cristina Kirchner por causas de corrupción.
Se trata de una “contramarcha” bajo la consigna de “defender la Justicia”, dos días después de la movilización que congregó a organizaciones sindicales, políticas, judiciales y de Derechos Humanos alineadas con el oficialismo, con el respaldo de funcionarios del Gobierno nacional y el acompañamiento de exfuncionarios condenados por corrupción, como el exvicepresidente Amado Boudou.
Frente a la sede de la Corte Suprema, el kirchnerismo pidió la renuncia de los integrantes del máximo tribunal, una “democratización de la Justicia”, “el fin del lawfare”, y la libertad de dirigentes detenidos como Milagro Sala y el extitular de la UOCRA Juan Pablo “Pata” Medina.
Quiénes convocaron a la contramarcha en defensa de la Corte Suprema
La convocatoria nació a mediados de enero pasado por iniciativa de un grupo de más de 120 profesores y abogados de todo el país, cuando tomaba cada vez más fuerza la protesta organizada por el kirchnerismo para este 1 de febrero.
La movilización “en defensa” de los miembros de la Corte (Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda) y del Poder Judicial contó con el respaldo del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, organizaciones civiles “republicanas” y agrupaciones de magistrados y de fiscales.
Fuente: TN.
