Naufraga por las aguas de la inviabilidad un Amparo contra la Municipalidad
El tiempo también parece haberle dado la razón a la gestión Municipal del ex intendente Carlos Fernando Arroyo en una cuestión muy sensible como lo es la cultura y la educación de los sectores populares de la ciudad de Mar del Plata.
La misma razón que le dio -la Suprema corte- en el fallo por el caso de apartar al Jefe de compras, además de dejar transparentado el Honorable Tribunal de Cuentas la situación patrimonial de la comuna local correspondiente al ejercicio 2019. Y recibir el respaldo a su decisión para evitar un millonario juicio que le había iniciado un hombre que cumplía funciones en una escuela Municipal.
En este caso la historia comenzó a mediados del año 2016, cuando no se había cumplido ni siquiera el primer semestre de gobierno comunal y luego de haber heredado unas de las peores crisis económicas y financieras que se recuerda en la Municipalidad de General Pueyrredon.
El Consejo local de Promoción y Protección de los derechos del niño, niñas y adolescentes había iniciado una acción judicial, en el Juzgado Civil y Comercial Nº9 de Mar del Plata, contra el entonces mandatario municipal y sus secretarias de Educación Ana Crovetto y de Cultura Silvana Rojas.
Se alegaba, en la demanda de Amparo, "el recorte de políticas educativas y de programas y talleres socioculturales, y los Programas Educativos Barriales (PEBA), por lo cual requerían su inmediato restablecimiento, a la vez que sindicaba la afectación de actividades en más de 10.000 niños y adolescentes de la ciudad", una situación replicada una y mil veces desde la prensa local en su afán de fustigar la gestión.
Grandes repercusiones se mostraron en relación a la acción judicial, al punto de señalar textualmente que “se había admitido la acción de amparo”, pese a que el proceso estaba recién iniciado y no se había ni siquiera escuchado la postura oficial.
El planteo fue considerado como un medio para cuestionar las políticas de reordenamiento que el gobierno comunal de Arroyo estaba aplicando en los planes culturales y educativos a efectos de corregir la falta de control que se había observado en la gestión de su antecesor, donde se habían anunciado talleres, planes y programas que luego no se abonaban en debido tiempo.
Así era que las fuertes expectativas que el mencionado Consejo, y quienes lo coordinaban (la ex -Fiscal María de los Ángeles Lorenzo, José Alfaya y el ex defensor del Pueblo Fernando Cuesta), ponían en la acción judicial para acreditar los motivos de su reclamo, se fueron desvaneciendo lentamente y a medida que se impulsaba el proceso no hubo posibilidades de demostrar los hechos alegados al inicio.
Luego de concluir el mandato de Arroyo al frente de la Municipalidad, las acciones emprendidas por los accionantes fueron evaporándose y a casi 6 años de haber promovido el juicio y sin haber probado hasta el momento las razones planteadas al comienzo, el reclamo, actualmente transita por la senda de la abstracción y del desgaste judicial innecesario, a tal punto que hace más de 12 meses que no se registran movimientos en la causa.
