Coparticipación: denuncian que Mar del Plata podría haber sido damnificada por “indebida distribución”
Pérdidas millonarias en las transferencias por coparticipación desde la Provincia de Buenos Aires a los municipios en la última década son denunciadas por jefes comunales opositores, que ahora le reclaman al gobierno bonaerense el acceso a información pública sobre los indicadores que conforman el Coeficiente Único de Distribución (CUD), mediante el cual se establece el reparto de los fondos oficiales.
El intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, ya presentó una denuncia penal que recayó en el Juzgado Federal N°11 para que se investigue si los datos de los habitantes de La Matanza correspondientes al censo de 2010 fueron manipulados. Una presunta manipulación podría haber incidido en la construcción irregular del CUD en la última década.
Este lunes, el intendente Guillermo Montenegro pidió ser querellante en la causa que investiga la posible adulteración de la población de La Matanza en el Censo 2010 y la incidencia de ese dato en la distribución de la coparticipación bonaerense.
En la documentación, a la cual El Marplatense tuvo acceso, Montenegro alertó sobre “la posible adulteración de los registros recabados por el INDEC durante el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, los que constatarían una cantidad de habitantes en el distrito de La Matanza que no se ajustaba a la realidad de ese momento y que se refleja en un porcentaje cercano al % 27% más de pobladores de los que efectivamente se habrían verificado”.
En ese sentido, destacó que “esta distorsión en los registros -que lleva más de diez años puede verificarse a través de tres parámetros que resultan de registros llevados por organismos públicos tales como: población vacunada –Ministerio de Salud de la Nación-, electores habilitados a emitir sufragio –Cámara Nacional Electoral- y matrícula educativa –Censo Provincial Matrícula Educativa 2017 realizado por el Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires”.
“Me ocupo con exclusividad de este último por haber sido desarrollados los dos primeros por el Intendente Diego Valenzuela en su presentación. En la tabla se expone la relación entre población total y matricula educativa en algunos distritos de la Provincia de Buenos Aires. Sin demasiado esfuerzo se verifica que el Partido de La Matanza muestra una proporción inusualmente baja de la matrícula educativa en relación a su población total sin existir una justificación objetiva que la sustente frente a la homogeneidad de los números de los restantes municipios. Tal y como fuera señalado en la denuncia que origen a las actuaciones, no existe fenómeno demográfico que avale las distorsiones expuestas”, afirmó Montenegro.
Y destacó que “a no dudarlo, si los indicadores de población vacunada, electores habilitados y matrícula educativa, que resultan de registros oficiales y públicos, muestran que un dato (población del Partido de La Matanza) es incorrecto, lo incorrecto es el dato y no los indicadores. La referida irregularidad impacta de manera directa en la distribución de la coparticipación secundaria entre la Provincia de Buenos Aires y los Municipios que la conforman, ya que distorsiona la principal variable de conformación del Coeficiente Único de Distribución-índice que determina las proporciones en las que se reparten los recursos provinciales-, cual es la población”.
“Desde que un incremento genuino o ficticio, como es el caso, del CUD de un municipio incide directa y favorablemente sobre su porción de masa coparticipable, en detrimento de las demás intendencias, se requiere para su conformación de datos certeros, basados en registros de organismos nacionales (tal el caso de la cantidad de habitantes, constatada a través de los censos nacionales)”, agregó el jefe comunal.
A su vez, recalcó que “de lo dicho se desprende entonces que es materia de investigación la adulteración de los registros que resultan la base de la distribución de la coparticipación secundaria, la que se nutre de fondos nacionales y provinciales”.
“Desde que el municipio de General Pueyrredon podría ser damnificado por la indebida distribución de los fondos mencionados, dispuestos en beneficio de La Matanza y en detrimento de los demás que conforman la Provincia de Buenos Aires, en función de registros nacionales adulterados, considero que me encuentro legitimado para requerir la calidad de parte querellante”, finalizó el titular del Ejecutivo local.
