Villa Gesell: advierten que "se comprometió el patrimonio municipal" al aprobar una ordenanza

Lo manifestaron desde la Cámara Argentina de Empresas de Servicios Inmobiliarios (CAMESI). "Los concejales podrán recibir cargos patrimoniales por su responsabilidad personal frente al Estado", indicaron.

Por Redacción

martes 9 de agosto, 2022

En 2019 en la ciudad Villa Gesell, se aprobó la ordenanza 2923 con el objetivo de "limitar la actividad de empresas inmobiliarias y de publicidad" en esa localidad. Ahora, estas firmas podrían iniciar acciones legales para que se repare el daño sufrido.

Así lo advierten desde la Cámara Argentina de Empresas de Servicios Inmobiliarios (CAMESI), ya que la norma “choca con la ley orgánica de las municipalidades y el Código Civil y Comercial, y en caso de persistir con esa ilegalidad incurrirán en responsabilidad civil patrimonial, al igual que los concejales en forma personal, porque los daños que ya están causando son mensurables económicamente y de muy fácil prueba en sede judicial”.

El municipio sancionó una ordenanza que prohíbe “dentro del Partido de Villa Gesell la publicidad en la vía pública de negocios inmobiliarios bajo la forma de representación de franquicias de cualquier tipo y de comercios inmobiliarios”.

De esa manera, "se afectó la actividad comercial de martilleros y de empresas publicitarias", según se denunció. Además, la ordenanza establece multas y ordena la “remoción inmediata” de la publicidad en cuestión.

Las iniciativas de este tipo habían comenzado de la mano del Colegio de Corredores Inmobiliarios porteño (CUCICBA). En esa oportunidad denunciaron a RE/MAX por ejercer “una actividad ilícita” ante la Inspección General de Justicia (IGJ). Con la resolución N° 350, ese organismo determinó disolver RE/MAX Argentina SRL. Tras la apelación de la empresa afectada, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial ordenó -en mayo de este año- dejar sin efecto la resolución con imposición de costas al organismo.

En el mismo sentido, el Colegio de Martilleros porteño, el Colegio de Martilleros de la Provincia de Buenos Aires y una veintena de colegios distritales bonaerenses iniciaron la estrategia de argumentar ante los municipios usando la resolución de la IGJ.

Al respecto, el presidente de CAMES, Mariano García Malbrán, señaló que “la resolución de la IGJ fue rechazada por la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, con expresa imposición de costas. Esto cambia absolutamente el panorama de las ordenanzas, que ya eran ilegales porque son contrarias a la Ley Orgánica de las Municipalidades al legislar sobre aspectos y cuestiones que van más allá de su competencia; pero ahora este fallo de la Cámara Nacional deja a los municipios y a los concejales en un riesgo legal de exposición patrimonial enorme. Y la realidad es que están causando un daño muy importante, no solamente a la industria inmobiliaria, sino también a la de la publicidad”.

Además, García Malbrán indicó que “los municipios van a ser responsables patrimonialmente por daños y perjuicios civiles. Estas acciones serán iniciadas por los corredores inmobiliarios que contrataron los servicios de las marcas y tuvieron un daño patrimonial enorme, derivado de una ordenanza ilegal".

"Asimismo, las asociaciones de publicistas se encuentran analizando el mismo camino. Además, los concejales podrán recibir cargos patrimoniales por su responsabilidad personal frente al Estado, porque se basaron en una resolución administrativa de un organismo del Poder Ejecutivo que aún no se encontraba firme para prohibir la actividad comercial de empresas que prestan un servicio absolutamente legal y que genera muchos puestos de trabajo e ingresos económicos de manera directa e indirecta”, añadió.

A continuación, se puntualizó que "además de Villa Gesell, los municipios, concejales e intendentes de Ayacucho, Almirante Brown, Azul, Berazategui, Berisso, Bolívar, Campana, Chacabuco, Chivilcoy, Escobar, Exaltación de la Cruz, General Madariaga, General Pueyrredon, Partido de La Costa, Magdalena, Monte Hermoso, Necochea, Pehuajó, Pinamar, Punta Indio, Salliqueló, Salto, San A. de Areco, San A. de Giles, San Cayetano, Tandil, Trenque Lauquen, Tordillo y Zárate, están reñidos con el orden jurídico al mantener vigentes las ordenanza prohibicionistas. Así las cosas, deberían vetarlas para evitar acciones judiciales millonarias que afectarán las finanzas de los municipios y el patrimonio de los concejales que la votaron".

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