Reconocimiento facial: INADI reitera el rechazo “por las vulneraciones a los derechos personalísimos”

Desde el Instituto enviaron un comunicado de manifestación conjunta pública de preocupación y llamado de alerta, luego de nuevo fallo porteño al respecto, en “defensa de los derechos humanos pertenecientes al Ministerio de Justicia de la Nación”.

Por Redacción

martes 13 de septiembre, 2022

La delegación INADI de Mar del Plata, y del Centro de Acceso a la Justicia, ambos organismos de defensa de los derechos humanos pertenecientes al Ministerio de Justicia de la Nación, realizaron una manifestación conjunta pública, a través de un comunicado en el que expresaron su “preocupación y llamado de alerta, por las vulneraciones que el software de reconocimiento facial – aprobado por ordenanza, bajo el objetivo de ´identificar a prófugos buscados por la Justicia´ además de detectar objetos y comportamientos dinámicos traería a los derechos personalísimos de lo/a/es habitantes marplatenses en general”.

“Volvemos a manifestar nuestra alerta al respecto, justamente porque nuevamente la justicia planteó nuestras mismas preocupaciones a través de la jueza porteña Elena Amanda Liberatori, quien acaba de declarar la inconstitucionalidad del sistema de reconocimiento facial, que aplicó el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, al considerar ésta que "se implementó sin cumplir con los recaudos legales de protección de los derechos personalísimos de los habitantes", resaltaron.

Se trata del segundo pronunciamiento judicial en este mismo sentido emitido sobre este sistema: el primero se dio en la causa que investigaba las irregularidades en la utilización de datos biométricos por parte de quienes tienen acceso al sistema de reconocimiento facial, y estuvo a cargo del juez en lo Contencioso, Administrativo y Tributario Roberto Gallardo hasta julio pasado.

“En el fallo de Liberatori, por su parte, se hizo lugar a la acción de amparo declarando la ´inconstitucionalidad del artículo 1 de la Resolución 398/19 en cuanto el SRFP se implementó sin cumplir con los recaudos legales de protección de los derechos personalísimos de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires´. Y supeditó ´la puesta en funcionamiento del SRFP a la constitución y debido funcionamiento de los órganos de control, como la Comisión especial de seguimiento de los sistemas de video vigilancia en el ámbito de la Legislatura de la Ciudad y Defensoría del Pueblo de la Ciudad´", indicaron en el escrito.

Y refirieron: “Mientras que en el caso porteño, la medida judicial ratifica que el sistema de reconocimiento facial de la Ciudad de Buenos Aires se gestionó por fuera de la norma que lo regula y sin mecanismos de control, debido a la no constitución de la Comisión Especial en la Legislatura de la CABA, la falta de informes por parte de la Defensoría del Pueblo CABA y la inexistencia de un estudio de impacto sobre los derechos de los ciudadanos previa implementación del SRFP; en el caso marplatense, es situación es peor, porque la ordenanza que aprobó la adquisición y funcionamiento de este software de reconocimiento facial ni siquiera creó una comisión con esas características para articular recaudos legales de protección de los derechos personalísimos de los habitantes marplatenses; a pesar de que al tiempo de que el oficialismo local aprobara en el Concejo Deliberante esta ordenanza desde los bloques opositores elevaron un expediente para insistir con varios puntos a implementar como la creación de un “comité de ética” (del que formen parte diversos actores como el Colegio de Magistrados, la Universidad Nacional de Mar del Plata y el resto de las casas de altos estudios de la ciudad, el Colegio de Abogados, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) y un concejal por cada bloque político con el objetivo de llevar adelante una instrumentación del sistema “que garantice la prevención sin discriminación y los valores de la seguridad democrática”), y la elaboración y formalización de un protocolo de administración de las bases de datos e información personal; así como que se lleve a cabo un período de prueba inicial de seis meses renovables por el mismo período con aplicación prioritaria en eventos masivos que se realicen en el Partido de General Pueyrredon. Lamentablemente esto no ha sido incorporado a la ordenanza vigente”.

Y detallaron: “Aún así insistimos en que este tipo de tecnología presenta múltiples afectaciones para el ejercicio de los derechos humanos, afectando:

● La privacidad, pues este sistema no solo procesa información biométrica de las personas buscadas, sino de todo transeúnte que pase frente a las cámaras. Es, por lo tanto, una modalidad de vigilancia masiva, y su implementación no es proporcionada en ninguna circunstancia.
● La libertad de expresión, pues la idea de estar bajo constante vigilancia produce un efecto inhibitorio, sobre todo en aquellas personas que emiten discursos críticos contra las mismas autoridades que tienen control sobre estas tecnologías.
● La libertad de reunión y asociación, ya que al eliminar el anonimato, la tecnología de reconocimiento facial impide el libre ejercicio de este derecho por el miedo a futuras represalias.
● La no discriminación, ya que se ha demostrado que esta tecnología tiene dificultades para distinguir personas de tez oscura, lo cual deriva en un sinnúmero de falsos positivos y afecta de forma desproporcionada a los grupos que ya se encuentran en situación de vulnerabilidad.
● La presunción de inocencia y el debido proceso, pues el sistema asume que todos y todas somos culpables, por lo que recolecta datos sensibles para determinar luego si somos o no una persona buscada”.

“A partir de lo expuesto, y dado que hasta el momento no hay una legislación nacional que dé un marco protector de los DDHH para el uso de RF, ni condiciones técnicas para asegurar el monitoreo que prevenga efectivamente los abusos mencionados, ni consenso internacional sobre que las tecnologías de RF en la vía pública hayan llegado a un grado de madurez que permita su uso seguro. Nuestra recomendación técnica sigue siendo que no se proceda en el uso de esta tecnología”, expusieron en el comunicado.

“Alentamos a que tanto desde el Municipio, la Provincia y la Nación se implementen políticas públicas y federales de prevención y persecución del delito, siempre y cuando sean respetuosas de los DDHH”, cerraron.

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