Trabajadoras sexuales se reunieron con la Defensoría del Pueblo: "Ninguna va a ir ahí"

Insistieron en renegociar las zonas asignadas y reunirse con el Intendente. También reclamaron la presencia de los organismos de Derechos Humanos.

Por Redacción

lunes 26 de septiembre, 2022

Este fin de semana comenzó a regir la ordenanza para regular la Zona Roja pero sigue el descontento por parte de las trabajadoras sexuales y vecinos. Continúan pidiendo que se escuchen las propuestas porque hay disconformidad con el lugar que se les asignó.

Hoy se reunieron en la Defensoría del Pueblo ubicada en Belgrano y San Luis. Victoría Di Salvo, referente de la "Red Nacional por el Reconocimiento del Trabajo Sexual" comentó: “Vinimos para solicitar ayuda porque los últimos días sufrimos violencia institucional. Desde antes de que la ordenanza entre en vigencia, la policía ya estaba levantándonos, haciendo detenciones, no dejándonos trabajar."

En cuando a la reunión con la Defensoría, Di Salvo dijo: "Vinimos a ver qué estrategias podemos diseñar para trabajar. Queremos modificar la ordenanza, no pedimos la derogación. Por eso no metimos ningún recurso de amparo. Creemos que tiene que ser modificada en función de nuestros derechos".

"Nos querían sacar pero por suerte como estábamos con las cámaras de Todo Noticias (TN) y eso hizo que no sean tan violentos sino que pudiésemos negociar. Pero estábamos solas con ellos. Eso es lo más importante a destacar. No había nadie del Ministerio de género, Derechos Humanos, nadie con responsabilidad política estuvo al lado nuestro, cuando habían prometido estarlo", agregó.

La zonas que proponen son Champagnat, porque "funcionó la zona roja por más de 20 años sin conflictos y no hay frentistas". La Plaza Rocha que tampoco hay y funcionan dispositivos municipales que se podrían aprovechar. Luro entre Chile y Tierra del fuego, donde hay un depósito de cereales de 300 metros y no hay frentistas. Y la Ruta 88 que es el acceso a la ciudad. "Nuestras 4 propuestas responden a la ordenanza", mencionó Di Salvo.

Y reiteró: "Estamos pidiéndole una reunión a Montenegro porque queremos renegociar. La avenida 10 de febrero no es una zona roja. Ninguna trabajadora va a ir ahí. Lo que va a ocurrir es que van a seguir yendo a sus zonas de trabajo pero la policía las va a poder perseguir más, va a haber multas, arrestos. Los vecinos también van a estar enojados porque esto no ha cambiado nada. Pasamos un año de un debate, una audiencia pública, en donde hicieron que nos escuchaban y finalmente terminaron eligiendo una zona totalmente arbitraria que nosotras no elegimos. se "caldeó" más todo el asunto".

Juana González, otra de las referentes de las trabajadoras sexuales también sumó: "Esperemos que a través de la Defensoría de Pueblo se pueda llegar a una reunión con el Intendente. Él ya sabe lo que está pasando. Debería ejercer su responsabilidad, tenernos en cuenta. Solo escucharon a los vecinos. Se hace un lavado de imagen haciendo creer que el vecino es esta persona de bien, como si las trabajadoras sexuales no tuvieran familia o no necesitaran la plata para comer y no dependiese gente de ella".

"Consideramos también que se escandaliza el tema a propósito para que la gente se ponga del lado de los vecinos o del lado de la moral. Se nos estereotipa, estigmatiza y entendemos que el Intendente se pone de ese lado. Los entes de Derechos Humanos, deberían estar acá para ayudarnos y para hacernos la conexión con él", contó González.

"Queremos que nos responda y ver que tiene para decir y ofrecer. Nosotras estamos respondiendo pacíficamente. Armamos con las migrantes grupos de contención para evitar conflictos con todos. A pesar de todo el estereotipo que se hace sobre la travesti trans y la trabajadora sexual, elegimos la vista empática y cerrar la brecha porque todos formamos parte de la misma ciudad", dijo.

"Sentimos que el gesto de el Municipio es decirnos que pertenecemos ahí. Están tapando el problema y tirándoselo a otros vecinos. Va a haber situaciones de descontrol, de desmadre y si no se hace cargo, va a ser el mayor responsable político", sumó Di Salvo haciendo referencia a Montenegro.

"Por encima del Municipio está Provincia y no se ha escuchado ni una palabra de su parte. No nos responden el teléfono, parece que al final quieren abolirnos, que desaparezcamos. Sentimos que quieren que nos trasladen al cementerio", continuó.

"Me parece indignante que en el 2022, con un ministerio de género vigente, personas con responsabilidad política, funcionarios públicas, encargadas de resguardar nuestra identidad y que cobren sueldazos por hacerlo y no lo hagan. Nunca estuvieron en la calle con nosotras. No están trabajando por este tema", concluyó Di Salvo. 

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