En un clima de tensión con el campo, el Gobierno rechazó una suba de retenciones
Tras la advertencia del campo sobre un artículo del Presupuesto 2023 que delegaba las decisiones de las retenciones al Ejecutivo sin pasar por el Congreso, el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, aseguró que “la decisión política del Gobierno es no subir ninguna alícuota de retención al sector primario”.
Al exponer ante la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados en el marco de la presentación del proyecto de gastos y recursos para el próximo año, el funcionario afirmó que no le correspondía a él decir si había que quitar o no del articulado la facultad que se le da al Ejecutivo de modificar los porcentajes.
“Eso forma parte del trabajo legislativo de los representantes de los distintos bloques, pero la decisión política del Gobierno es no subir ninguna alícuota de retención al sector primario”, aseguró.
En otro pasaje de la reunión, Bahillo señaló: “Nuestros sectores productivos son gravitantes y estratégicos para el desarrollo de nuestra economía y de nuestra Nación. Tenemos una diversidad productiva a lo largo de nuestro país, con más de 30 economías regionales y con un sector primario caracterizados por la agricultura y la ganadería realmente muy importante”.
La exposición del funcionario se dio después que la Fundación Barbechando alertara de que el Gobierno buscaría retomar las facultades delegadas para manejar las retenciones con el Presupuesto por un cambio en un articulado. Frente a esto, las entidades ruralistas manifestaron su posición e indicaron que la idea que se impulsa a través del Congreso “no ha sido exitosa” y teman que signifique “la posibilidad de incrementar los derechos de exportación”.
En un comunicado, la Mesa de Enlace señaló: “Los representantes del Poder Ejecutivo no pueden auto proponerse funciones que no les corresponden. Los representantes del Poder Legislativo deben dejar de ceder sus facultades propias del cargo para el que han sido votados. Y todos ellos deben dejar de hacer caso omiso a lo dispuesto por la Constitución Nacional, que es la Ley Suprema que debe regir el funcionamiento de nuestro país. Una vez más, la política pretende coartar el crecimiento y el desarrollo productivo con políticas confiscatorias imponiendo gravámenes que restringen la producción, el crecimiento y la generación de empleo”.
