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    Concejales de Montenegro le apuntan al INDEC: quieren saber los resultados del Censo

    01 de diciembre de 2022 - 15:33
    Concejales de Montenegro le apuntan al INDEC: quieren saber los resultados del Censo
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    Por Carlos Walker  

    El interbloque de concejales de Juntos presentó un proyecto de comunicación con el objetivo de reclamarle al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) que brinde diversos informes en relación al censo nacional de población, hogares y vivienda 202o.

    "Una serie de errores provocaron la pérdida de millones de datos provisorios del censo y ahora no van a cumplir con el calendario. Esperemos que esta no sea otra discriminación que termine castigando a Mar del Plata", alertó el senador provincial de Juntos, Alejandro Rabinovich, hace pocas semanas.

    En los fundamentos de la iniciativa, a la cual El Marplatense tuvo acceso, los ediles del intendente Guillermo Montenegro recordaron que “el Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2020 fue realizado en 18 de mayo de 2022 por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)”.

    Y remarcaron que “la comprensión de las diferencias regionales en la población, sus distintas necesidades y el conocimiento de la cantidad de habitantes de cada unidad administrativa de la República Argentina son fundamentales para el correcto diagnóstico de las problemáticas que estas atraviesan. Resulta fundamental el conocimiento de estos datos para la elaboración de políticas públicas que permitan dar respuesta a los distintos reclamos de la ciudadanía”.

    “Es el Censo de Población, Hogares y Viviendas la herramienta elaborada por el Estado en su afán de suministrar bases empíricas a partir de las cuales comprender la realidad social y delinear las políticas necesarias para su mejoramiento”, señalaron.

    A su vez, afirmaron que “debido a su carácter moderno (centralización del diseño, universalidad espacial y simultaneidad temporal de la ejecución) los censos nacionales adquieren un estatus de fuente privilegiada: suministran un ejemplo completo y unificado de la interpretación oficial del Estado argentino. La centralidad de los censos constituye la infraestructura pesada de las estadísticas sociales de un país sobre la que no pueden dejar de apoyarse referencialmente los demás relevamientos”.

    Destacaron que “debido a la pandemia de Covid 2019 el Censo se llevó a cabo en forma bimodal: un Censo digital que concluyó, según informó INDEC, con el 50,32% de completamiento de las viviendas esperadas y el barrido territorial con cuestionarios en papel, realizado el 18 de mayo de 2022, de los cuales se ha obtenido información demográfica, producto del operativo y la respuesta de la población. A partir de la combinación de ambas fuentes de datos (Censo digital y barrido territorial) se deben presentar los resultados definitivos del Censo”.

    Agregaron que “según el cronograma establecido por el INDEC los resultados básicos preliminares, tan importantes para la toma de decisiones, serían publicados a los 90 días de realizado el barrido territorial, es decir el 18 de agosto de 2022”.

    Además, los concejales de Juntos indicaron que “para la obtención de dichos resultados se analizan planillas de conteo rápido, las cuales, por motivos diversos que se desconocen, no cumplen con los estándares que se requieren para la difusión de información estadística precisa. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos un porcentaje de habitantes de las viviendas que respondieron el Censo digital no fue incluido y, por lo tanto, no permite reflejar íntegramente los totales preliminares de la población existente en cada una de las jurisdicciones del territorio nacional.

    “Esta información resulta indispensable para definir desde el Estado las políticas públicas de los próximos diez años, en áreas tales como salud, educación, trabajo, integración social, infraestructura y obra pública. Asimismo, constituye una importante fuente de información para el sector privado y para los ámbitos académicos y de investigación”, subrayaron.

    Y puntualizaron que “la Ley Provincial N° 10559 establece que las Municipalidades de la Provincia recibirán en concepto de coparticipación el 16,14 % (dieciséis con catorce por ciento) del total de ingresos que percibe la Provincia en concepto de impuesto sobre los Ingresos Brutos no descentralizados al ámbito municipal, Impuesto Inmobiliario Urbano, Impuesto a los Automotores, Impuesto de Sellos, Tasas Retributivas de Servicios y Coparticipación Federal de Impuestos”.

    Detallaron que “el 58% de los recursos coparticipables se distribuyen entre los Municipios según tres criterios, siendo el principal la cantidad de población, representando el 62% de dicho ítem. En otras palabras, el sistema de repartición secundaria de la coparticipación, que implica el cálculo de recursos para los municipios desde la Provincia de Buenos Aires, está directamente relacionado con la cantidad de habitantes por distrito”.

    “Es fundamental entonces contar con datos fidedignos como los que debe brindar un Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda, no solo para conocer las problemáticas y composición de la población de nuestro Partido, sino porque también a partir de estos datos se establecen gran parte de los recursos coparticipables con los que el Municipio de General Pueyrredon puede afrontar las políticas públicas necesarias en pos de brindar soluciones a sus habitantes”, sentenciaron.

    Puntualmente, los concejales oficialistas piden información sobre estos puntos:

    -Detalle de los motivos por los cuáles no se han publicado los resultados básicos preliminares del Censo de Población, Hogares y Viviendas 2022 según cronograma estipulado;

    -Fecha estimada para la publicación de los mismos;

    -Si los inconvenientes con el procesamiento de datos afectan los resultado básicos definitivos del Censo, los cuales deberían ser publicados en enero de 2023;

    -Si los inconvenientes con el procesamiento de datos afectan los resultados ampliados definitivos, los cuales deberían conocerse en junio de 2023;

    -Si el problema que frena la publicación de los resultados preliminares está acotado a los censos que se completaron de manera digital, o existen otros problemas de consistencia o de otra naturaleza en el resto del Censo;

    -Cuáles son las acciones por desarrollar o que se están desarrollando para resolver esta situación;

    -Si además del inconveniente con el procesamiento de los resultados básicos preliminares se detectaron otros inconvenientes, y de ser así, informe si estos pueden afectar de manera significativa la veracidad de los datos obtenidos en todo el proceso censal.

    Cabe recordar que este año el intendente Guillermo Montenegro solicitó ser querellante en la causa judicial que investiga la posible adulteración de la población de La Matanza en el Censo 2010 y la incidencia de ese dato en la distribución de la coparticipación bonaerense.

    La causa se originó tras una denuncia del intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, y es llevada adelante por el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N°11.

    En la denuncia, Montenegro advirtió que “el municipio de General Pueyrredon podría ser damnificado por la indebida distribución de los fondos mencionados, dispuestos en beneficio de La Matanza y en detrimento de los demás que conforman la Provincia de Buenos Aires”.

    En ese contexto, pidió ser querellante en la causa que investiga la “posible adulteración de los registros recabados por el INDEC durante el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, los que constatarían una cantidad de habitantes en el distrito de La Matanza que no se ajustaba a la realidad de ese momento y que se refleja en un porcentaje cercano al 27% más de pobladores de los que efectivamente se habrían verificado”.

    Por su parte, el diputado nacional por Juntos por el Cambio, Martín Tetaz, aseguró que existe “evidencia de que se adulteraron los datos del Censo 2010 para inflar la población de La Matanza” e impulsó un pedido de informes para que el director del INDEC, Marco Lavagna, “informe cuáles son las garantías de que no vuelva a ocurrir y qué medidas están tomando para garantizar la seguridad de los datos”.

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