En el último tiempo el caso Corazza junto a otras denuncias que llegaron a los medios y que involucran a integrantes del medio. Puso en debate la prescripción o no de los delitos sexuales que involucran a menores.
En diálogo con El Marplatense, el abogado Julio Razona, hizo referencia a la postura de parte de la doctrina argentina en relación a este tipo de delitos y su imprescriptibilidad.
"Las víctimas de abuso sexual menores de edad son sujetos especialmente vulnerables a quienes el Estado les debe obligatoriamente garantizar su protección y resguardo, conforme la Convención Internacional de los Derechos del Niño, incorporada a la Constitución Nacional y reconocida por ley", comenzó diciendo.
"Los principios de la Convención no pueden ser vulnerados por un instituto de normativa interna, de menor categoría , como lo es el de la prescripción. Declarar prescripta la acción penal, atenta contra el interés superior del niño que se erige como una pauta básica de interpretación en el sistema jurídico, motivo por el cual los derechos de los niños víctimas de violencia siempre deben prevalecer", sostuvo.
"No se aplica retroactivamente la ley penal, sino una correcta interpretación de la ley vigente al momento de los hechos. El instituto de la prescripción penal, sus alcances y efectos, no puede aplicarse para el caso de niños abusados, victimizados por su vulnerabilidad, ante la falla del Estado, supuesto garante de su seguridad. La ineficiencia del sistema no puede ser la excusa para que los abusadores sean beneficiados por el paso del tiempo", explicó.
"Para el caso en que se sostenga que es Cosa Juzgada, se debe interponer Recurso de Revisión de la Cosa Juzgada , fundamentado en la imprescriptibilidad del delito de Abuso Sexual Infantil y en la imperiosa necesidad humana de Justicia, la que solo llegará cuando que los pedófilos paguen por ocasionar el más cruel de los sufrimientos", añadió.
"Esto es una posición de parte de la doctrina y jurisprudencia que tiene años de debate en cuanto a la imprescriptibilidad porque se considera de lesa humanidad porque el Estado al haber incorporado la Convención de los Derechos del niño y adolescente a la Constitución tiene la obligación de protegerlos", concluyó.
