Amenazaron por teléfono a Massa y a su esposa y ahora deberán cumplir tareas comunitarias
El juzgado federal 2 de San Isidro suspendió el proceso a prueba de los diez imputados que se reconocieron culpables en la causa por múltiples amenazas de muerte contra el ministro de Economía, Sergio Massa, y su esposa, titular de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), Malena Galmarini, en 2020 tras difundirse sus números de teléfono en redes sociales, y resolvió que realicen entre 130 y 150 horas de tareas comunitarias.
El fallo, emitido por el tribunal en abril e informado este sábado desde el entorno del Ministro de Economía a través de un comunicado, también dispuso que los imputados deberán realizar donaciones a la Asociación Civil “Pequeños Pasos”, por montos que varían entre $ 20.000 y $ 200.000.
Denuncia
Se trata de una causa por una denuncia realizada por el ministro de Economía, por entonces presidente de la Cámara de Diputados, a raíz de múltiples amenazas de muerte que recibieron Massa, Galmarini y familia en septiembre de 2020, tanto en redes sociales como por WhatsApp, tras haberse difundido sus respectivos teléfonos, afirma el comunicado.
A partir de la denuncia, se identificó a diez responsables: Franco Ezequiel Barales, Juan Ignacio Bogado, Martín Rubén Fernández, Julio Ariel Lovera, Sebastián Medina Canchari, Blas Pawluk, Darío Hernán Posniak, Ignacio Saluzzo, Marcela Alicia Villabrille y Luis Hernán Molina, sostuvo el informe.
Dos años y medio
Luego de la investigación y tras considerarse que “se encontraba suficientemente demostrada las autorías y responsabilidades penales” de los acusados, la Justicia resolvió imponerles obligaciones por el término de hasta dos años y seis meses.
De ese modo, teniendo en cuenta que según lo manifestado por la fiscalía sobre que “cada frase empleada es distinta y algunas tienen mayor entidad”, los imputados deberán abonar entre $ 20.000 y $ 200.000 a la Asociación Civil “Pequeños Pasos”.
Además, deberán entregar los celulares utilizados para enviar los mensajes amenazantes, realizar tareas comunitarias y cursos de Derechos Humanos, además de otras obligaciones formales.
