Sigue el rechazo de algunos sectores a la actividad que desempeñan las franquicias inmobiliarias. En la provincia de Buenos Aires , los municipios promueven ordenanzas que directamente prohíben el funcionamiento de estos negocios y procuran defender la supervivencia de los comercializadores tradicionales. Una polémica que sigue abierta.
En Mar del Plata, está vigente la ordenanza Nº 25029 que prohíbe la difusión por cualquier modo o formato y/o la oferta pública del servicio de intermediación inmobiliaria bajo el nombre de franquicias, licencias o marcas. Una normativa similar se aplica en otros distritos de la Costa Atlántica.
En caso de incumplimiento a lo dispuesto constatada la infracción, de acuerdo a la actual normativa, el municipio puede imponer multas para las personas humanas y/o jurídicas responsables, graduable entre cincuenta sueldos y ochenta sueldos mínimos del personal municipal.
En caso de reincidencia la multa a aplicar será entre setenta y noventa sueldos mínimos del personal municipal.
Es decir que se sanciona con multas, por ejemplo, a los vecinos que decidan vender un inmueble a través de una inmobiliaria RE/MAX. “La medida tomada por el municipio marplatense frena, además, el desarrollo de iniciativas de emprendedores locales y va en contra de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia nacional”, afirman sectores políticos con representación en el Concejo Deliberante local y anticipan un nuevo debate en el cuerpo legislativo. "Es contradictorio estar a favor de las aplicaciones en el transporte pero rechazar las franquicias inmobiliarias", resaltan las mismas fuentes consultadas por El Marplatense.
La red que brinda servicios complementarios a inmobiliarias enfrenta desde hace años los embates de los Colegios de Martilleros que buscan por distintas vías para sacar a la marca del mercado.
Cabe recordar que la Inspección General de Justicia (IGJ), a instancias del Colegio de Martilleros de la Ciudad de Buenos Aires (CUCICBA), sacó una resolución que establecía su disolución. El caso terminó cuando la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial dejó sin efecto la resolución contra RE/MAX por considerarla “una decisión arbitraria, infundada y dictada en exceso de las facultades de la IGJ”.
Luego, en 2022, la Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió convocar a audiencia pública para analizar los conflictos sistémicos suscitados entre los Colegios de corredores y las empresas que brindan servicios complementarios a la actividad inmobiliaria.
“Hasta que esto no suceda y dicho organismo no se expida oficialmente sobre el caso, toda ordenanza o normativa sancionada contra la operatoria de estas empresas queda sin efecto y sería considerada como ilegal. En este sentido, sorprende que se sostenga una iniciativa vulnera lo establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, remarcan.
Pero más allá del complejo entramado jurídico del caso, la normativa está vigente y sigue generando polémicas y reacciones de diversos actores afectados. Así lo hicieron público en su momento desde la Cámara Argentina de Publicidad en Vía Pública, cuando se pronunciaron en contra de la normativa y le expresaron al intendente Guillermo Montenegro que “habilitar estas restricciones para una actividad legal, en un mercado deprimido, es atentar contra la supervivencia de las empresas y de las familias que de ellas dependen".
Especialistas en el tema advirtieron que los municipios no tienen facultades para legislar sobre cuestiones de fondo en materia de publicidad y argumentaron que debe ser el Congreso Nacional quien legisle al respecto o, en su defecto, es la Justicia quien debe determinar cuándo un tipo de publicidad es legal o ilegal.
No obstante, esta preocupación, las críticas al accionar del municipio también llegan desde el propio sector de los martilleros, tanto de aquellos que eligen a las franquicias como las tradicionales.
“Para los martilleros independientes significa un duro golpe porque afecta directamente su libertad de trabajo y de elegir qué servicios contratar”, destacan. Y subrayan que “este grupo sostiene que la ordenanza va en contra de los ideales emprendedores y de la libertad para ejercer el comercio o una actividad lucrativa lícita”.
Además, los vecinos multados con sumas exorbitantes por intentar vender sus propiedades perciben que “la medida, impuesta de manera ilegal, solo tiene un fin recaudatorio”.
Al respecto, desde Colegio de Martilleros de Mar del Plata reconocieron que “no está prohibida la instalación de franquicias en la ciudad” y que "la prohibición de la publicidad en la vía pública apunta a proteger a los ciudadanos que quieren comprar o vender una propiedad”.
Sin embargo, sectores de la política recordaron que la institución “poco hacen por cuidar a los clientes y mucho menos a los cientos de turistas que cada temporada son estafados por inmobiliarias truchas e ilegales que la institución no controla, donde no hay ningún caso de estafa por parte de una marca franquiciada”.
También, puntualizaron el caso de La Liga, una "organización delictiva", y que por dos décadas utilizó del salón de subastas del Colegio de Martilleros para apropiarse de casas y terrenos a través de extorsiones y estafas.
