Mar del Plata y el boleto de colectivo: una diferencia abismal con AMBA

Por Nicolás A. Ronchi

Mar del Plata, con el incremento decretado por el Concejo Deliberante, elevará desde el 8 de diciembre la tarifa de los colectivos a $297,30 y se volverá la ciudad en la que más caro es viajar en colectivo de todo el país. Mientras ese es el valor del boleto mínimo en nuestra ciudad, el más costoso en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) alcanza los $72,61, es decir $224,69 menos.

El problema está claro. No es solo el precio del boleto en sí, sino la enorme diferencia que existe con otras ciudades del país. Viajar en colectivo en el AMBA cuesta entre $23 y $72 -teniendo en cuenta la tarifa social-, al mismo tiempo que en otras regiones del país roza o supera los $200.

Con valores de inicio de este año, cuando el boleto mínimo costaba casi 120 pesos en Mar del Plata, cada vez que los marplatenses tomaban un colectivo debían pagar $84,38 más que los ciudadanos del AMBA, es decir un 241% más. Y a mitad de junio, los marplatenses pagaban casi $120 más que en AMBA, sin tener en cuenta la tarifa social -50% menos-. Ahora, desde diciembre, la diferencia será mayor, de $225,69.

¿CÓMO SE CALCULA EL VALOR DE LA TARIFA?

Varias causas explican las gran diferencia de precio que existe entre el boleto mínimo del AMBA y el del resto de las provincias. Por un lado, se debe considerar un factor estructural, dado que las tarifas varían en función del recorrido que realiza cada línea y el promedio de pasajeros que utiliza el servicio en distintas áreas urbanas y por kilómetro recorrido. En ciudades de mayor densidad poblacional, el pasaje tiende a ser más accesible que en lugares de menor densidad y menor demanda de transporte público.

Por otra parte, ha habido una gran disparidad en el reparto de los fondos para subsidiar el transporte. Un informe de la consultora Politikon Chaco reveló que entre enero y septiembre de 2022 el Gobierno destinó $129.931,6 millones a las provincias por el Fondo Compensador y Compensaciones tarifarias. De ese total, el 78,1% fue al AMBA ($101.492,2 millones) y el resto se repartió entre las demás jurisdicciones. Ese informe mostró que el resto del país redujo su participación del 25% al 21,9%.

Frente a este problema, el secretario de Gobierno del Municipio, Santiago Bonifatti, comentó hace ya un año: “Esta discriminación es tan flagrante que se puede describir con mucha facilidad. Un pasajero de transporte público del AMBA paga un 20% -10% en la actualidad- de lo que cuesta ese viaje y el 80% son subsidios; mientras que un pasajero de Mar del Plata o el interior del país paga el 73,5%, por ende, solo el 26,5% son subsidios entre los que aporta no solo Nación, sino también Provincia”.

Incluso Guillermo Montenegro recibió en febrero de 2022 al ministro de Transporte bonaerense, Jorge D´Onofrio, para pedirle que se revea la distribución del subsidio para el interior. Tras ese encuentro, el intendente afirmó que “la reunión fue muy buena” y dijo que “encontró gran recepción en el ministro, quien escuchó el pedido y sostuvo que se evaluará para poder encontrar una solución frente a esta situación de disparidad”. El resto, es historia. Porque la conocemos y nunca hubo una respuesta.

¿DESDE CUÁNDO EXISTEN LOS SUBSIDIOS AL TRANSPORTE?

Tras la crisis económica y social que sacudió al país a fines de 2001, la administración del entonces presidente Eduardo Duhalde puso en práctica un esquema de subsidios y aportes económicos para las empresas de transporte público que, en principio, iba a tener una duración solo transitoria. Pero, luego del desembarco de Néstor Kirchner en la Casa Rosada en mayo de 2003, el pago de subsidios para evitar los incrementos de tarifas a los usuarios se convirtió, en los hechos, en una práctica habitual, que implicó para el Estado nacional un desembolso creciente de fondos públicos.

"De esta manera, los desembolsos fiscales para mantener el sistema de transporte que en 2003 totalizaron cerca de $760 millones treparon en 2006 a casi $2.100 millones. Y según las cifras preliminares de 2007, las compensaciones estatales totalizarán $ 3.000 millones, la erogación anual más alta desde que comenzaron a otorgarse los subsidios", anunciaba Clarín en ese año.

Hasta 2013, el reparto de los subsidios se realizaba a partir de las declaraciones juradas presentadas por las empresas, que le comunicaban al Estado la cantidad de usuarios transportados. Sin embargo, el Gobierno estableció una nueva metodología que define el reparto, de acuerdo con los costos de las empresas y la cantidad de pasajeros transportados. En 2015, en tanto, comenzaron a utilizarse los datos de la tarjeta SUBE para definir con mayor exactitud la cantidad de personas que utilizan el servicio. Con algunas modificaciones, este es el sistema que se aplica hoy.

Para todas las líneas de colectivos que dependen de la jurisdicción nacional, el Gobierno calcula los costos operativos de las empresas y lo descuenta de la recaudación obtenida por la venta de pasajes. En este cálculo se tienen en cuenta, entre otras cosas, los precios de los insumos básicos -como el recambio de neumáticos, los lubricantes y el seguro-, el mantenimiento de las unidades, el valor del gasoil y los salarios de los choferes.

Hasta ese cambio, los costos eran discutidos entre las empresas, cuando no había subsidio, pero en enero de 2002 se congelaron todas las tarifas del servicio público con la Ley de Emergencia Económica, que se preveía que durase tres años y duró alrededor de 15. Es decir que se congelaron las tarifas y los costos subieron. Por ello, las empresas expresaron que la tarifa ya no les cubría los costos y el Estado decidió compensar con subsidios.

Para conocer esos gastos de las empresas de transporte, le pedían declaraciones juradas sobre cuántos pasajeros habían trasladado y la cantidad de kilómetros recorridos. Ello no funcionó, pero se perfeccionó con el tiempo y mediante la tarjeta SUBE, al igual que desde el GPS de las máquinas de percepción de las tarjetas, comenzaron a registrar los datos.

Cuando comenzaron los subsidios, con la historia mencionada, eran parejos en todos lados. No obstante, Nación como parte de una política social y con olor electoral, congela la tarifa en repetidas ocasiones y provoca esa increíble distancia entre los boletos. Como el Gran Buenos Aires tiene un efecto electoral muy fuerte, en 2019 hubo un congelamiento en las tarifas del AMBA, mientras que en el resto del país no sucedió lo mismo.

De este modo, queda descartado que se trate de una cuestión discriminatoria en particular hacia Mar del Plata, por signos políticos o la razón que sea. Más bien existe una brecha entre AMBA y el resto del país. ¿Por qué? En principio, por la densidad poblacional (es la más poblada del país con casi 14 millones) y el uso continuo que se le da al servicio. A ello se le suma el nivel de pobreza del sector, donde según el INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) el 41,4% de sus habitantes se encuentran en esa condición.

Y el congelamiento de la tarifa se cumplió también este año. Dejando de lado el dedo que determina los subsidios, esa decisión se repite siempre que se acercan las elecciones. Y este año, con las complicaciones del oficialismo frente a una nueva fuerza, no fue la excepción. Hasta este momento, el gobierno nacional mantiene congelados los precios del boleto de colectivos y trenes en el AMBA y la medida regirá al menos hasta diciembre.

Pero en paralelo, en el interior aumenta sin parar y con el inicio de noviembre, cuatro provincias tuvieron un nuevo aumento de tarifas del transporte público. No es Mar del Plata contra AMBA, sino AMBA contra el país.