Atanor acordó medidas en la Justicia con la perspectiva de retomar la producción en San Nicolás
En la empresa, que desde el 11 de mayo tiene a sus 130 empleados suspendidos (también se acordaron retiros voluntarios), confían que en el transcurso de septiembre se podrá comenzar a retomar la actividad productiva.
La empresa Atanor acordó en la Justicia una serie de medidas y acciones a desarrollar a partir de este mismo lunes, con la perspectiva de retomar tareas productivas en su planta que está paralizada desde el 20 de marzo. Se trata de un plan de trabajo entregado a la jueza Luciana Díaz Bancalari y consensuados entre representantes de la empresa, del Ministerio de Ambiente de la provincia, de la Autoridad del Agua bonaerense, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y de la ONG Foro Medio Ambiental. El el acuerdo se dio en el marco de una audiencia convocada por la magistrada y celebrada el viernes, una reunión de casi seis horas.
En la empresa, que desde el 11 de mayo tiene a sus 130 empleados suspendidos (también se acordaron retiros voluntarios), confían que en el transcurso de septiembre la planta de zona sur de San Nicolás podrá comenzar a retomar la actividad productiva, por lo menos parcialmente. Hacia fines de junio, la compañía de la internacional Albaugh había presentado a la Justicia un Plan de Gestión Ambiental y también suscribió un convenio con el Conicet. En audiencias posteriores, la jueza Díaz Bancalari, a cargo del Juzgado de Ejecución Penal Nº 3 de San Nicolás, había solicitado los correspondientes informes y documentación a las autoridades de aplicación en materia ambiental.
El sábado el Juzgado de Díaz Bancalari emitió un comunicado centrado en los avances de la causa. Consigna que en la nueva audiencia “la empresa se comprometió frente al Juzgado a brindar la información necesaria para adecuar ese convenio (suscrito con el Conicet) a la realidad de Atanor, y especialmente, a reducir los tiempos para obtener los resultados de tan importante evaluación”. El juzgado también hizo saber que “de acuerdo a lo que surgió de la reunión, en una evaluación de riesgo se analizan entre otras variables la eficacia de los sistemas de alarma ante una emergencia”. “Es importante hacer saber que esta forma de trabajo permite acortar sensiblemente los plazos para una posible apertura de la empresa”, agregó el escrito oficial.
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