Caso Sierra: a un año del accidente, exigen avances en la Ley Ricardo
El pedido tiene lugar a un año de que el arquitecto haya sido atropellado por una mujer que conducía una Ecosport cuando cruzaba por la avenida Jara. Pasó once meses en estado vegetativo y murió el 9 de julio.
Luego de la reciente muerte de Ricardo Sierra, quien estuvo casi un año en estado vegetativo al ser embestido mientras cruzaba la avenida Jara, su cuñado Fernando Maldonado exigió avances en la Ley Ricardo, una iniciativa que fue presentada el año pasado por la diputada provincial del PRO, Sofía Pomponio, en la Legislatura bonaerense.
La familia no descansa en la búsqueda de justicia y su cuñado, Maldonado, se pronunció precisamente a un año del siniestro vial. "Hoy hace un año del accidente de mi cuñado que lo llevó a su muerte. Mi hermana tenía una familia hermosa, por eso pido el cambio de carátula en la causa. Todo demuestra que Ricardo muere por el daño tremendo que causó el descuido de Melody Mercolli. Es imposible no verlo cuando cruzaba con su mascota en una de las avenidas más anchas de la ciudad. Exigimos justicia y avanzar en la Ley Ricardo".
Además, aseguró que la conductora “es la culpable de la muerte de Ricardo y la responsable directa del sufrimiento que padecen mi hermana y mis sobrinos, quienes son tratados por psicólogos y psiquiátras”, al mismo tiempo que indicó que no quiere que otra familia sufra lo que ellos pasaron.
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La diputada marplatense, Sofía Pomponio, presentó el año pasado el proyecto de Ley Ricardo en la Legislatura bonaerense, una iniciativa que busca reformar el Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires para establecer la inhabilitación provisoria para conductores involucrados en delitos viales.
El proyecto surge a raíz del caso del arquitecto, quien murió este 9 de julio en el Hospital Interzonal, donde había sido ingresado nuevamente debido al empeoramiento de sus secuelas. La propuesta busca introducir criterios especiales de archivo para casos en los que la afectación del bien jurídico sea mínima y la pena máxima no exceda los seis años de prisión.
A su vez, contempla el archivo de actuaciones en casos donde el daño sufrido por el imputado sea desproporcionado en relación a la pena esperada, salvo por razones de seguridad o interés público. También se prevé el archivo cuando la pena en expectativa carezca de relevancia en comparación con otros delitos imputados.
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