Chile: se cumple una semana de protestas ininterrumpidas y la tensión sigue en alza
Las protestas sociales en Chile cumplen una semana y cada vez más manifestantes salen a las calles en masivas marchas contra la actuación del Estado. Los movimientos se distribuyen por todo el territorio nacional chileno, mientras que las denuncias por abuso de autoridad por parte de las fuerzas de seguridad se vuelven cada vez más frecuentes.
Según el Gobierno chileno, unas 424 mil personas han participado de las convocatorias, lo cual es una gran cantidad dado que la población total es de 18 millones de personas. Desde 1990, año del retorno de la democracia en este país, el Estado no sacaba a los militares a las calles.
Las manifestaciones más recientes buscan desarrollarse de forma pacífica, algo que contrasta con la violencia de los primeros días, que terminaron con incendios en distintas partes de Santiago de Chile y múltiples saqueos a locales comerciales y supermercados. La respuesta por parte de la policía fue una fuerte represión.
“Que nos escuchen, que sepan que el grueso de los chilenos no puede financiar el aumento del metro o pagar medicamentos, queremos un sistema de salud en el que podamos atendernos, porque ahora gobiernan para los ricos”, dijo a Clarín un hombre llamado Roberto que ayer fue, como tantos, a Plaza Italia.
Anoche, minutos antes del toque de queda, el sexto consecutivo, aunque más corto: de 22 a 4, en las afueras de Santiago los vecinos cortaban esquinas. En Villa Maipo, a media hora de La Moneda, había piquetes que incluían fuego, golpes de cacerola y bocinas.
Hay denuncias de los organismos de Derechos Humanos. Hay madres que buscan a sus hijos, desaparecidos desde hace días. Las organizaciones sociales denuncian que hay menores de edad detenidos y mujeres amenazadas de violación por los carabineros.
El lunes llega al país un comité enviado por la ex mandataria socialdemócrata Michelle Bachelet, ahora Alta Comisionado de la Organización Naciones Unidas (ONU). Tres expertos estarán un mes en Santiago para revisar las denuncias. Quieren “información de primera mano” e investigarán posibles violaciones a los derechos humanos.
