Ciberpatrullaje: "La intimidación pública tiene una pena de hasta 6 años de prisión"
La justicia le abrió una causa por "intimidación pública" a un joven de 21 años que, tras enterarse de que no le será otorgado el Ingreso Familiar de Emergencia preguntó en Twitter si seguía en pie "lo del saqueo".
Al conocer que no estaba entre los designados por Anses para cobrar el bono de $10.000 a trabajadores vulnerables, el joven de 21 años oriundo de la localidad bonaerense de Balcarce, de nombre Kevin, usó su cuenta de la red social Twitter para expresar: "Che qué onda los que no cobramos el bono de 10 mil pesos, sigue en pie lo del saqueo, ¿no?".
"Se trató de un hecho cometido el viernes 7 de abril, donde a raíz de un llamado que recibimos de parte de Gendarmería Nacional, de Capital Federal, donde habían detectado a través de ciberpatrullaje, que en una red social pública, una persona estaba incitando a cometer saqueos en la ciudad de Balcarce", manifestó el fiscal de Balcarce, Rodolfo Moure, en declaraciones a El Marplatense.
"A raíz de eso, se notificó a la persona identificada, que se encontraba incurso en el delito de intimidación pública y la idea de la fiscalía, logicamente es abortar cualquier intento de saqueo que pudieran haber intentado. Hasta el momento no se produjo ningún saqueo, mas allá de que también adoptamos medidas para evitar estos hechos", aseguró.
En referencia a como se lleva a cabo el ciberpatrullaje, Moure sostuvo que "lo que se está haciendo de parte de áreas especializadas de distintos organismos gubernamentales, es navegar en redes sociales que son públicas. Esto no significa que se metan en conversaciones privadas entre dos personas y esto es algo que se viene haciendo desde hace tiempo".
"Las denuncias por pedofilia o por otro tipo de delitos relacionados con el tráfico de personas o de prostitución infantil, generalmente se detectan a través de ciberpatrullaje. Por ejemplo hay intercambios de videos internacionales de pornografía infantil, donde muchas veces organizaciones como Missing Children, terminan denunciando este tipo de conductas y estos ciberpatrullajes sirven para prevenir delitos no solo relacionados a estos temas, sino también actos de terrorismo", destacó el fiscal.
Al ser consultado sobre que ocurre con las personas que realizan un retweet de este tipo de mensajes, Rodolfo Moure indicó que "lo que estamos adoptando es una postura de ir puntualmente contra quien publicó el mensaje o sugirió la idea, que es quien crea la situación de alarma social y de peligro común. Aquel que realiza un retweet de ese mensaje, penalmente tal vez no tenga responsabilidad, si es que no se comete el delito".
"El problema es que una persona genere esta idea y dos o tres personas digan que lo van a hacer y después sí, se va a investigar a todos los que reenviaron el mensaje para llegar a ellos. Se trata de amenazas muy peligrosas, porque tal vez la persona que lo dice, lo hace como chiste o de manera irónica por algún motivo y después cuatro o cinco que leyeron su amenaza, terminan concretándola y es en ese caso donde caen todos, porque son delitos que generalmente se cometen en masa", afirmó.
Al ser consultado por la pena de este tipo de delitos, el fiscal de Balcarce, señaló que "la intimidación pública tiene una pena de hasta 6 años de prisión, después se avanzará con la causa o no, hay que ver como termina todo esto. Veremos que es lo que pasa, si finalmente se produce o no el saqueo en este caso. Si se llega a concretar, porsupuesto que el delito se agrava".
"Lo importante es que la intimidación pública consiste en crear una situación de peligro común, incitar a un tumulto o desmán social como seria un saqueo y justamente es lo que se está haciendo en este caso, donde por redes sociales, se insta a otras personas a que cometan saqueos", concluyó el fiscal Rodolfo Moure.
