Aumentan los casos de novedosas estafas informáticas en la ciudad
Los avances tecnológicos ponen a prueba a la justicia local a raíz de distintas causas que investigan nuevas y sofisticadas estafas informáticas que afectaron, y perjudican, a centenares de marplatenses.
La Fiscalía de Delitos Económicos trabaja en los últimos meses en novedosos casos, en los cuales se detecta a organizaciones criminales online que se dedican a llevar a cabo constantes delitos en las redes con el robo de datos personales. También corroboraron que esos hechos los pueden cometer también pequeños grupos de sujetos con amplios conocimientos en ciberataques.
En diálogo con El Marplatense, Javier Pizzo, fiscal de esa unidad temática, brindó detalles sobre las nuevas formas de cometer delitos por internet: “Esta fiscalía interviene en lo que son estafas informáticas que en los últimos años han crecido de manera sistemática y que realmente exigen que pongamos una determinada cantidad de recursos en esa materia puntual”.
“Las modalidades que la justicia tiene que encontrarse son varias, el Código Penal establece principalmente dos artículos para este tipo de modalidades: 173 inciso 15 y 16. Las modalidades principales son los ilícitos de tarjetas de crédito, que se caracteriza por las grandes dificultades que hay para su investigación”, contó el investigador, quien continuó: “Lo que se ha detectado es que los datos de las tarjetas de crédito pueden estar en grandes bases de datos y esta información se puede vender a la Dark Web (web oscura), que es el modo en el que las organizaciones criminales le brindan información a aquellos que las quieran comprar ilícitamente”.
Es decir, la justicia local ha verificado cómo bandas internacionales, o algunas del país, vulneran servidores de entidades bancarias, crediticias (entre otras) para apropiarse de cientos datos personales y así venderlos en mercados informales que existen en internet. De esa forma, el robo se concreta con la venta de esos paquetes de información financiera a otros grupos que lo comercializan a particulares que pretenden utilizar ese dinero para el consumo en los sitios de compra. Los ejemplos más comunes son viajes al exterior y productos electrónicos.
Sobre un caso ya desbaratado y que tuvo como víctima a “un reconocido perito”, Pizzo ejemplificó: “Los datos de su tarjeta habían sido utilizados para la compra de un producto en un lugar en Londres y logramos determinar que ese producto se había comprado desde Francia. Hay dificultades probatorias porque hay que realizar oficios internacionales, tener conocimientos en inglés y sobre ese tipo de comercio”. “Requiere bastantes desafíos desde el punto de vista investigativo. La empresa de servicios de esa tarjeta le reconoció al damnificado el momento que había sido sustraído”, concluyó con el caso.
“Nosotros no nos encargamos de resarcir, eso lo tendrá que hacer la persona con la empresa. Buscamos que se haga un acuerdo entre las partes y se finaliza la investigación. Nosotros licuamos las investigaciones, tratar de detectar de donde se hicieron las compras e identificar a los responsables. Son penas de uno a seis años”, explicó. “Las dificultades, en proporción a los recursos que tenemos y a los gastos que le demanda del Estado, son diversas”, reconoció.
Consultado sobre si hay formas de prevenir estos hechos, informó que “la prevención existe en cuanto a las empresas financieras que tienen que tomar medidas para proteger sus bases de datos y la persona lo que puede hacer es verificar bien cuando llegue un mail y los enlaces a los cuales se los invita a ingresar”. “Cuando se ingresa al home banking, por ejemplo, no escribir en el teclado físico sino usar el virtual. Si alguien es usuario de la página de una entidad bancaria que la ingrese en favoritos y utilice siempre la misma porque las organizaciones criminales lo que hacen es pagar para que aparezca en Google primero el aviso de una página clonada”, agregó.
“Esta modalidad afecta a profesionales, a funcionarios de todo tipo, no hay ningún tipo de victima elegida, todo aquel que tenga tarjeta y maneje dinero puede ser víctima”, aseguró.
A su vez, Pizzo señaló que otra modalidad es “la transferencia ilícita de datos de cuentas bancarias a otras cuentas bancarias”. Contó que esa modalidad se denomina “Fishing” porque “es una pesca de un dato”. “Se roban los datos de la tarjeta de crédito, se transfiere a la cuenta de otra persona, víctima, y recién ahí se hacen compras”, precisó.
Al respecto, aclaró que “hay personas que reciben en su cuenta dinero y hacen la denuncia, pero otras no se dan cuenta porque ese dinero entro dos o tres días y luego desapareció”. “Hay víctimas temporales, porque las personas son utilizadas campo derivación lógica para seguir simulando la maniobra”, puntualizó el fiscal.
Para Pizzo, “son organizaciones criminales que tienen a personas con técnicas especializadas y que requieren de parte del ministerio Publico y Fiscal grandes esfuerzos investigativos y gente capacitada captando este tipo de criminalidad”. “No son tareas sencillas porque trabajan de manera rápida y profesional”, sostuvo.
Acerca del avance de las causas que interviene la fiscalía, respondió: “Tenemos una investigación que ha logrado determinar treinta diferencias y tenemos a siete imputados ya procesados. Vamos avanzando, pero hay cada vez mayor cantidad de denuncias que ingresan y tratamos de darle prioridad a las de mayor relevancia”. “Vamos avanzando, lo que ocurre que es cada vez mayor la cantidad de casos que ingresan a la fiscalía”, afirmó.
Por otra parte, dio cuenta de otra forma de estafa, una manera que en Mar del Plata se suele utilizar en verano con el alquiler de departamentos: “La tercera modalidad se da bajo estafas genéricas en donde alguien invita a alquilar un inmueble y cuando se realiza el pago se dan cuenta que la propiedad no existe”.
Hay más de 150 causas abiertas en Mar del Plata por estas estafas informáticas y una importante cantidad de investigaciones concluidas. Sin embargo, desde la fiscalía de Delitos Económicos se advierte un incremento de hechos que pone en jaque a un sistema judicial debilitado en cuanto a la proporción de recursos y a la creciente demanda de casos.
