La defensa de la ex presidenta Cristina Kirchner pidió este martes al Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) la postergación del inicio del juicio por corrupción en la obra pública durante su Gobierno, que debe comenzar el próximo 26 de febrero.

El pedido se debe a que, según los abogados de la senadora, no está completa la instrucción suplementaria para el Juicio a raíz de un peritaje que ella solicitó y que no fue incluido. Se trata del análisis de cinco casos testigos sobre todas las licitaciones adjudicadas al empresario Lázaro Báez

Esta pericia, a cargo de la Corte, no concluyó aún. Fuentes judiciales señalaron a Clarín que, así y todo, el juicio está en condiciones de iniciar, pero ahora sera el TOF 2 quien decida. El fiscal Diego Luciana se pronunciará en contra de la postergación.

En el análisis de “casos testigos” se tuvo en cuenta el empalme de la Ruta provincial 12. La obra requería una capacidad técnica de $ 24 millones y Austral sólo tenía $ 3.8 millones de capacidad disponible. El presupuesto era de 60 millones, y a Báez se la adjudicaron por 70. Las sucesivas modificaciones llevaron ese monto a $ 114.5 millones: un incremento de 90,92%.

Otro caso fue la repavimentación de la Ruta 3 (Gran Bajo San Julián): los $ 155 millones originales, terminaron siendo $ 419.2 millones: un 170,46% más de lo estimado.

La causa

En el primer juicio oral y público en una causa por corrupción que debe enfrentar, Cristina Kirchner está acusada de haber sido la “jefa de una asociación ilícita” que se dedicó a direccionar la obra pública vial para “convertir al amigo presidencial” -Lázaro Báez- en empresario de la construcción.

El juicio, a cargo de los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Jorge Tassara, del TOF 2, tiene 16 imputados y contará con 138 testigos. Tendrá dos audiencias semanales, los martes y miércoles, y fuentes judiciales estimaron que el desarrollo demandará más de un año.

Además, la Cámara Federal Porteña determinó que esta “apropiación de fondos públicos” es el delito precedente de otras causas por lavado de dinero y dádivas en las que es investigada la familia Kirchner. Es decir: parte de esos fondos “se derivaron al patrimonio de los ex presidentes a través del alquiler de los hoteles y de inmuebles”.

Fuente: Clarín.