De Vido pidió la prisión domiciliaria porque "transita" sus 70 años aunque aún no los cumplió
¿Cuántos años tiene uno realmente: los que cumple o los que "transita"? Esa incertidumbre disparó en tribunales Julio De Vido, el ex ministro de Planificación que ya cumplió más de 600 días preso. Según revelaron a Infobae fuentes judiciales, De Vido, precandidato a diputado nacional, solicitó salir de la cárcel de Marcos Paz y que le concedan la prisión domiciliaria. Reclama irse detenido a su chacra de Zárate, bajo palabra o con una tobillera electrónica con GPS que le permita moverse en un radio de 100 kilómetros.
De Vido cumplirá 70 años el próximo 26 de diciembre, pero su defensa sostiene ya está transitado esta edad. "Este razonamiento, tan lógico como comprobable, remite a que cumplidos los 69 años, es decir, el traspaso de un total de 25.185 días aproximadamente, comienza el recuento del año 70 de vida, momento en el cual nos encontramos", sostuvo la defensa en un escrito al que accedió Infobae. Por ende, advierten que le corresponde el beneficio que le concede la ley a los reclusos de esa edad.
Pero si ese argumento no fuese de por sí suficiente, sostiene el ex ministro que debería concederse la prisión domiciliaria por razones humanitarias: es insulinodependiente, padece hipertensión arterial y enfermedad vascular coronaria, además de úlceras y un nódulo en el pulmón y en prisión -se asegura- su cuadro se ha deteriorado.
El artículo 32 de la ley 24660 establece que el juez "podrá disponer" la domiciliaria, en ciertos casos, entre los que aparecen los enfermos que no puedan ser tratados debidamente o los que tengan más de 70 años. Entre la batería de argumentos de la defensa de De Vido apareció incluso la jurisprudencia de la Corte Suprema que le otorgó la prisión domiciliara a un preso de lesa humanidad en 2017 porque más allá de la "barbarie" que se cometió en la dictadura el Estado se debe garantizar "la imparcialidad en la aplicación de las leyes".
El planteo de De Vido se hizo en la causa de los cuadernos, justo cuando el jueves próximo se cumplirá un año las órdenes de detención para ex funcionarios y empresarios en el escándalo mediático de las anotaciones del chofer Oscar Centeno.
De Vido y su mano derecha, Roberto Baratta, son los únicos que permanecen presos en la cárcel por ese expediente tras el aluvión de acusados arrepentidos, el verdadero motor de la investigación. Cristina Kirchner -hoy aspirante a la vicepresidenta- está acusada de ser la jefa de la asociación ilícita pero está libre porque mantiene sus fueros como senadora. Además, la Cámara Federal modificó criterios del juez que instruye el caso, Claudio Bonadio, como quitar de la banda a casi todos los empresarios, desprocesar por falta de pruebas a ex secretarios presidenciales, excarcelar a ex funcionarios de menor rango que pasaron seis meses u ocho meses en prisión y conceder prisión domiciliaria a aquellos que presentaban problemas de salud.
Es ahí donde apuntó del ex ministro de Planificación: si hubo prisión domiciliaria para otros, incluso para el ex director de Yacyretá Oscar Thomas ("48 días prófugo de la justicia y no cumple con ninguno de los requisitos de edad evaluados previamente") o para el abogado Miguel Pló y su joven yerno –procesados por lavado de dinero y cuando aún se buscan los 70 millones de dólares que el ex secretario de Néstor Kirchner Daniel Muñoz sacó del país-, ¿por qué no lo habría para De Vido?, se pregunta la defensa.
Casi como una chicana, la defensa buscó en los archivos un expediente en donde el juez Bonadio habilitó prisiones domiciliarias para personas menores de 70 años y "sin informe oficial alguno": fue para los hermanos Hugo y Mariano Jinkins, implicados en el caso de corrupción que envuelve a la FIFA a través de su empresa de marketing y requeridos por la justicia de Estados Unidos para su extradición.
La defensa de De Vido, a cargo de los abogados Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, habló de un daño irreparable de derechos y vulneración a los principios de inocencia, de humanidad en las penas, de proporcionalidad y de igualdad ante la ley. También sostuvo que están en juego "el derecho a la salud y a la dignidad humana". Sobre el debate de la edad, no solo defendió que De Vido transita sus 70 años pese a que los cumpla el 26 de diciembre, sino que afirmó que el Estado suscribió la Convención Interamericana Sobre La Protección De Los Derechos Humanos De Las Personas Mayores, en donde se habla de mayores de 60 y/o de 65 años –en donde encuadraría el hoy precandidato a diputado-.
Tras subrayar que De Vido "jamás ha evidenciado riesgo alguno e incluso, se ha presentado voluntariamente a someterse a la detención de la cual hoy es víctima", la defensa aseguró que con la prisión domiciliara "lo único que variará es la posible ingesta de dietas alimenticias ajustadas a sus necesidades, la realización de rutinas de ejercicio físico prescriptas médicamente, la contención familiar y médica necesaria". "No hablamos aquí de libertad, mucho menos de los riesgos que deben ser analizados frente a la posible excarcelación del imputado, sino de la posibilidad de sostener dicha detención bajo criterios menos gravosos para su salud, que aseguren la dignidad de la persona y la ausencia de tratos inhumanos que generen un gravamen concreto al individuo por parte del Estado que debe, frente a toda arbitrariedad, defenderlo".
Según pudo saber Infobae, Bonadio ya rechazó el pedido de prisión domiciliaria para De Vido, pero ahora el tema será debatido en la Cámara Federal. Aquí se abre entonces un interrogante en medio de la feria judicial de invierno: uno de los jueces que se encuentra ahora en ese tribunal es Martín Irurzun, el camarista que dio el voto clave para que De Vido fuera encarcelado en octubre de 2017 tras perder los fueros parlamentarios.
En julio de 2017, el fiscal Carlos Stornelli -también interviene en la causa de los cuadernos- reclamaba su detención en la causa por una malversación de fondos en la causa Río Turbio y, aunque el juez Luis Rodríguez la había rechazado, el fallo de la Cámara Federal que se dio en llamar "la doctrina Irurzun" avaló el arresto en base a la peligrosidad que podían implicar los vínculos residuales de poder en la comisión de Energía de la Cámara baja.
De Vido sigue preso por esta causa, a raíz de lo cual su aspiración de prisión domiciliaria también debería tener el "okey" de Rodríguez –que todavía no la elevó a juicio oral-. Vale aclarar que la condena por la tragedia de Once -en la que recibió cinco años y ocho meses por administración fraudulenta de los ferrocarriles (no por las muertes)- no está firme y ahí el ex funcionario no tiene prisión preventiva.
Esta semana, la última de la feria de invierno, intervienen en la Cámara Federal Irurzun y el juez Mariano Llorens. Ninguno de los dos son los que suelen analizar las decisiones que toma Bonadio. Pero además Llorens está excusado de intervenir porque su primo, ex funcionario de Planificación, está procesado en el expediente.
Así las cosas, si el tema se debatiera en feria, habría que salir a buscar un camarista del fuero penal económico de feria parar que analice junto a Irurzun la petición de la defensa de De Vido. En diálogo con Infobae, algunos se preguntaban si buscaba la suerte momentánea que tuvo el ex vicepresidente Amado Boudou en enero de 2018 cuando consiguió que salir de prisión, con el voto de un juez externo a Py por el receso de verano.
Sin embargo, es probable que el debate quede para cuando se reanude la actividad en tribunales y el tema quede en análisis de los camaristas originales del caso: Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que estuvieron durante la primer semana de la feria. Aún no está claro si el planteo tendrá una decisión inminente o puede demorarse. Pero cada día que pasa, De Vido se acerca más a cumplir los 70 años que, para su defensa, ya está transitando.
