Detención de funcionarios y policías: "Tiene que ver con una 'factura' de política judicial"
Así lo manifestó el abogado de dos ex policías detenidos, junto al jefe de la departamental, José Luis Segovia por presunta asociación ilícita.
Mar del Plata se encuentra en el foco público luego de que detuvieran al jefe de la departamental, José Luis Segovia, por una serie de cargos vinculados a la asociación ilícita junto con al policía provincial Gastón Moraña, el policía federal Nicolás Rivademar, el ex DDI y ex policía Javier Martín González".
El pedido de detención también alcanzó al abogado Lautaro Resúa, de quien hasta el momento no se pudo conocer su paradero.
En este marco, el abogado Cristian Moix, que representa a Rivademar y González, manifestó que “nos encontramos con una denuncia hecha por un grupo delictivo, gente que está privada de libertad por delitos de secuestro extorsivo, ingresar inmuebles, robos”.
Desde su perspectiva, “al no encontrar una posibilidad de libertad, se plantearon armar falsas denuncias contra funcionarios policiales a fines de obtener algún tipo de beneficio en cuanto de libertad y poder negociar con el Ministerio Público Fiscal”, resaltó.
En este sentido, señaló que “es lógico que el Ministerio Público Fiscal tiene la obligación de investigar, pero se origina en función de que en un grupo delictivo está buscando algún tipo de beneficio en el sistema judicial”.
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La situación tuvo como resultado la denuncia “al jefe de policía, a tres funcionarios policiales, distintos abogados, y la investigación está en la etapa primigenia. Por lo cual, esto puede dar en nuevos allanamientos, detenciones de otros funcionarios y puede tener implicacias para con la Justicia Federal”.
Esto se debe a que “hay delitos vinculados a operaciones financieras no autorizadas, tráfico de moneda extranjera”.
Con este contexto establecido, “los clientes hoy se encuentran con secreto de sumario y se les ha aplicado la figura genérica del artículo 210 del código penal que es de asociación ilícita. Por lo tanto, con esa figura se pretende evitar cualquier tipo de excarcelación”, indicó.
No obstante, “lo llamativo de la imputación es que viene desde el 2019 al 2024, el ministerio Público no sabe precisar la fecha, dicen que se efectuaron diversos delitos e imputan aproximadamente siete delitos distintos. Por lo cual, utiliza el paraguas del artículo 210 de asociación ilícita porque no tiene una concatenación y hay personas que entre ellos directamente no se conocen”, expresó.
De modo que “acá tenemos el gran dilema, qué es lo que sopesa en la balanza de la Justicia, privilegiar la denuncia de una organización delictiva o privilegiar la conducta del policía que durante toda una carrera profesional ha sido intachable”, argumentó.
“Hoy se está escuchando a una organización delictiva que fue la que denunció a estos funcionarios y paradógicamente se está tratando de destruir carreras policiales intachables”, consideró.
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Por este motivo, “nuestros defendidos, y los de otros colegas, no han declarado porque al encontrarse en secreto de sumario nadie sabe cuál es la prueba real que pueden llegar a tener determinados elementos. Lo que sí sabemos es que hay personas que no se conocen entre sí, por lo tanto es muy dificil tratar de construir una asociación ilícita”.
Respecto a su rol, conmtó que “tengo el caso de Nicolás Rivademar que es un funcionario policial que estaba con carpeta médica por tener asperger, se metió dentro de la causa a una persona que es autista y no están en funciones”.
“El señor Javier González es una persona que no está en funciones policiales, lo fue en un momento determinado, pero se lo pretende vincular con el jefe de la Departamental en toda esta acción”, continuó.
En conclusión, “por la experiencia que uno tiene, puedo decir que tiene que ver con una factura de política judicial o una interna de política policial, más que con una causa judicial real”, cerró.
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