Tras haberse presentado el proyecto para modificar la ley de divorcio con el objetivo de eliminar su paso por la justicia y acelerar el trámite, el Colegio de Abogados expresó su desacuerdo a la implementación indicando que “generará más conflictos”. 

Hasta ahora había tres causas para la disolución del matrimonio: muerte de uno de los cónyuges, sentencia firme de ausencia con presunción de fallecimiento y divorcio declarado judicialmente. En la nueva fórmula propuesta se suma un cuarto inciso: el divorcio en sede administrativa, equiparado en cuanto a sus efectos con el divorcio declarado judicialmente.

"Es un proyecto presentado e impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional que pretende agregar agregar una causal de divorcio, el de común acuerdo entre las partes ante la autoridad registral sea registro civil o quien los haya casado oportunamente. De esta forma se evita el paso de la extinción, por la justicia ordinaria", indicó Leandro Gabás, Presidente del Colegio de Abogados, en diálogo con El Marplatense.

"Desde el Colegio obviamente nos oponemos a este proyecto. Entendemos que no es tan sencillo divorciarse sino que requiere atención. No hay que olvidarse de que uno en el divorcio extingue la familia y en el medio están los hijos, los bienes, las compensaciones económicas. Hay muchas consecuencias que no están teniéndose en cuenta", mencionó. 

"Esto lo hacen como algo novedoso, económico para achicar costos, pero esto no va a ser así. Es un tema en donde se están mal informados y alientan un proyecto que va condenado al fracaso. Sobre todo por el daño que se le generará a la sociedad".

"Esto no fue atendido con la responsabilidad correspondiente y puede traer consecuencias muy graves a terceros, a los mismos divorciados, porque no es algo tan sencillo como parece. Podrían quedar cuestiones que no son atendidas correctamente y que un juez si puede hacerlo por su formación académica y su labor", indicó.

"Podría darse la situación de que una de las partes vaya a divorciarse amenazada por mantener una relación violenta, que puede ser, física, mental y hasta económica. El empleado administrativo que trabaja en el registro, no tiene la capacitación para detectar eso, que si lo puede hacer un juez. Por otra parte, el divorcio de mutuo consentimiento ante la Justicia, no tarda más de 10 o 15 días. Justamente no es un proceso que padece demoras, es algo muy ágil y da la seguridad de que un tercero intervenga y de cuenta de si hay voluntad o no", agregó el referente.

"Entendemos que este desconocimiento por parte del Ejecutivo no es de mala fe sino de ignorancia en el tema. La política gubernamental del Estado es demostrar agilidad y achicar costos, pero no va a ser así. Hoy los tiempos ya son rápidos y la seguridad que da un divorcio dictado por un juez, le da validez hasta internacionalmente. Va a generar más conflictos", concluyó Gabás.

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• Colegio de Abogados de Mar del Plata

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El Marplatense

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