"El Senado estuvo a la altura de la República"
El rechazo del Senado a los pliegos de los candidatos propuestos para la Corte Suprema fue interpretado por el constitucionalista Leonardo Palacios como una señal clara de institucionalidad y defensa de la división de poderes, en un contexto marcado por fuertes tensiones políticas.
En una de las sesiones más tensas y determinantes del año, el Senado de la Nación rechazó los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, propuestos por el Poder Ejecutivo para integrar la Corte Suprema de Justicia. El revés marca un golpe político significativo para el gobierno de Javier Milei y deja al máximo tribunal con una integración incompleta.
Para entender la magnitud del hecho y sus implicancias, “Los Datos del Día”, programa que se emite por Radio Mitre Mar del Plata (FM 103.7) conversó con Leonardo Palacios, abogado constitucionalista, docente e investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Atlántida. Palacios ofreció una lectura clara del entramado institucional detrás de este hecho que, más allá del rechazo en sí, plantea preguntas clave sobre el funcionamiento del sistema judicial argentino.
Una Corte Suprema con vacantes históricas
“La Corte Suprema está compuesta por cinco miembros, pero desde hace tiempo funciona con una integración reducida. Durante dos años tuvo cuatro miembros, y tras el retiro del juez Maqueda en diciembre, quedó en tres. En ese contexto, el presidente propuso los pliegos de Lijo y García-Mansilla, que fueron enviados al Senado para su aprobación”, explicó Palacios.
Sin embargo, esos pliegos no fueron tratados durante todo 2023. En un movimiento poco habitual, el Ejecutivo firmó un decreto en diciembre para designarlos “en comisión”, aprovechando una facultad excepcional prevista en la Constitución para cubrir cargos durante el receso parlamentario. Esa decisión, aunque legal, generó controversia.
Diferencias clave entre los casos de Lijo y García-Mansilla
Ariel Lijo, actual juez federal, solicitó una licencia extraordinaria para asumir en la Corte sin renunciar a su cargo. “La Corte no le otorgó esa licencia, lo cual impidió que jurara. En la práctica, sigue siendo juez federal y nunca asumió el cargo en la Corte”, detalló Palacios.
En cambio, García-Mansilla, proveniente del ámbito académico y sin cargo judicial previo, sí asumió en comisión y juró como miembro de la Corte. Pero con el rechazo del Senado, su situación ahora está en un limbo jurídico e institucional.
“El cargo en comisión, según la Constitución, tiene vigencia hasta el final de las sesiones ordinarias de la legislatura actual, lo que sería el 30 de noviembre de 2025”, explicó Palacios. “Pero esta es una situación inédita: el Senado rechazó expresamente su pliego antes de que termine ese plazo. Desde una mirada constitucional sistémica, eso debería invalidar su continuidad”.
Además, un fallo del juez federal Alejo Ramos Padilla ordenó que García-Mansilla se abstenga de intervenir en causas judiciales hasta que se resuelva la cuestión de fondo sobre la validez de su nombramiento. También instó a los demás miembros de la Corte a no incluirlo en sus deliberaciones.
“Esto puede generar una situación de gravedad institucional. La Corte es el máximo intérprete de la Constitución. Si uno de sus miembros está cuestionado por la legitimidad de su nombramiento, eso erosiona la autoridad y la confianza en sus decisiones”, advirtió Palacios. “Insistir con su permanencia puede afectar la calidad democrática e institucional del país”.
Aunque el rechazo en el Senado no inhabilita a Lijo o García-Mansilla para futuras postulaciones, la actual coyuntura obliga al gobierno a repensar su estrategia para completar la Corte Suprema.
“La Corte Suprema es uno de los tres poderes del Estado, y su rol es central: garantiza el cumplimiento de la Constitución, resuelve conflictos entre poderes y vela por los derechos fundamentales. Su legitimidad no puede estar en duda”, concluyó Palacios.
Mientras el escenario político se reconfigura, la Corte Suprema sigue incompleta y en el centro de un debate que combina derecho, política e institucionalidad. Un reflejo más de la complejidad del sistema argentino y de los desafíos que enfrenta la democracia en tiempos de alta polarización.
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