En una sesión de más de ocho horas Lijo defendió su candidatura a la Corte Suprema
Entre otros temas respondió sobre la cuestión de género en la justicia, la ampliación de la Corte, los Decretos de Necesidad y Urgencia y dolarización.
En una maratónica audiencia pública que duró más de ocho horas, el juez federal y candidato a la Corte Suprema, Ariel Lijo, argumentó sin fisuras su postulación al máximo tribunal de Justicia del país y dependerá ahora de la anuencia de los integrantes de la comisión de Acuerdos de la Cámara alta para que su pliego primero obtenga dictamen -quedó habilitado para ser firmado- y llegue al recinto, donde precisará los dos tercios de votos de los presentes para que su designación, realizada por el Gobierno libertario de Javier Milei, quede activa.
Lijo no sólo blindó con argumentos jurídicos sus actuación en distintos fallos en los que estuvo involucrado y de notoriedad pública, sino que además respondió sobre la cuestión de género en la justicia, tratados internacionales con rango constitucional, federalismo y coparticipación, la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, la ampliación de la Corte, mejora en la tramitación de procesos para evitar dilaciones, los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), dolarización y la potencial baja de edad de imputabilidad de menores, entre otras cuestiones.
El magistrado federal contestó la mayoría de los requerimientos realizados, salvo aquellos en los que se dispensó ante una eventual intervención futura en caso de ser designado, con los votos del Senado, como miembro de la Corte Suprema, ante varios legisladores que quedaron enfrascados en discusiones contra el juez más inclinadas hacia lo mediático que lo jurídico. Casi nadie llevó preguntas específicas sobre derecho penal, una prueba trascendental para medir la idoneidad del candidato.
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Los pocos cruces que se dieron entre los senadores y Lijo fueron manejados con sobrado oficio por la legisladora del PRO y presidenta de la comisión de Acuerdos, la porteña Guadalupe Tagliaferri. Un trabajo exhaustivo previo junto a su equipo de trabajo permitió el desarrollo de una audiencia pública sin estridencias y acorde a la importancia de lo que está en juego a nivel institucional.
En cuanto a los principales puntos que tocó Lijo, sobre los objetivos para mejorar la Justicia, dijo que la Corte puede reasignar recursos, así como simplificar “el recurso extraordinario, bajando nivel de litigiosidad”. En segundo término, apuntó a segmentar las posibilidades de respuesta ante distintas categorías de conflicto, ya que “no puede ser que respondamos con las mismas personas, métodos y estructura una catástrofe ambiental que el arrebato de un celular, o fijación de cuota alimentaria”. Luego, direccionó la mira a los “procesos sumarios y orales”.
Y sobre su ampliación, aseguró que “no tengo una posición tomada de cuántos miembros tiene que tener la Corte. La Argentina ha funcionado con distinta cantidad de miembros y en todos los sistemas, la Corte funcionó. Los problemas no son derivados de la cantidad de miembros, que son cuestiones que debe evaluar el Parlamento respecto de la conveniencia de su composición”.
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En otro orden de temas, se expresó sobre la dolarización dejando en claro que se “debe respetar los estándares mínimos de legislación” y que, “de alguna manera, debe ser preservada la moneda”. Y agregó: “Expedirme en términos absolutos sobre si es constitucional algo que no existe no es lo correcto. Sea lo que sea, debe preservar la moneda”.
También hizo mención a temas de género. “¿Si tiene que estar integrada la Corte por una mujer? Sí”, aseveró Lijo y también resaltó que fue “formado por mujeres” y que la “cuestión de género no es sólo enunciativa ni de buenos modos o políticas, es mucho más concreta”. Habló de “poder remover obstáculos también en la toma de decisiones”.
Consultado sobre los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), el candidato detalló que existe “una jurisprudencia extensa en la Corte”, en cuanto a “que deben ser controladas las condiciones de necesidad y urgencia en cada caso, objetivas”. Seguido a ello, deslizó que el tema “merece un debate público”.
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También hizo referencia a las acusaciones en su contra al señalar que “no voy a detenerme en detallar el origen de las denuncias: en 20 años no recibí una sola sanción del Consejo de la Magistratura. Nunca, ni una sanción”, destacó el juez federal. Más temprano, explicó: “Fui investigado por UIF y AFIP. Nunca encontraron nada. Es más, es mentira que me haya defendido el doctor -y actual ministro de Justicia- Mariano Cúneo Libarona, nunca puse abogado”.
También hubo un apartado para las retenciones, al señalar que “creo que los derechos de exportación autorizados constitucionalmente, en la medida que sean razonables y no afecten al sector, puede ser regulados. Todos pueden ser revisados judicialmente”.
Fuente: Infobae
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