La Sala II de la Cámara Federal porteña confirmó este miércoles el procesamiento de Ricardo Echegaray por el supuesto encubrimiento a Austral Construcciones, la empresa insignia de Lázaro Báez.

El procesamiento lo había dictaminado en primera instancia el juez Sebastián Casanello en el marco de la causa por lavado de dinero, en la que el empresario se encuentra detenido hace dos años. Al ex titular de la AFIP se le trabó un embargo de 70.412.000 pesos. También fue procesado el ex directivo del ente recaudador Ángel Toninelli, con el mismo monto de embargo.

El expediente se inició a comienzos de 2015 por la denuncia de la entonces diputada por el GEN Margarita Stolbizer. Fue quien expuso que desde octubre del 2014 se desprendía la sospecha de que Austral Construcciones “habría montado, junto con al menos tres grupos de empresas de Bahía Blanca, una maniobra defraudatoria contra el Estado, siendo el modus operandi la utilización de facturas apócrifas por varios millones de pesos”. Esto le habría permitido a la firma de Báez “reducir considerablemente el monto de impuestos pagados en los últimos años a la AFIP”.

La principal acusación contra Echegaray confirmada por los jueces de la Cámara Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi es que, como titular del ente fiscal, “únicamente investigó a las empresas de facturas falsas y evitó de esa forma cualquier tipo de control sobre Austral Construcciones, lo que le permitió justificar y respaldar documentalmente costos inexistentes (lo que, en paralelo, le habría servido para resguardar o encubrir sobreprecios de obra pública que luego tendrían como destino las operaciones de lavado de dinero)”.

Por tal motivo, se investigaron a funcionarios de la AFIP “por haber incumplido la normativa vigente beneficiando de ese modo al empresario Lázaro Báez”. En su denuncia, Stolbizer sostuvo que la AFIP “tenía conocimiento, por lo menos desde hacía dos años, de la estafa millonaria que Lázaro Báez le había provocado al Estado Nacional utilizando facturación apócrifa”.

Como resultado de la exposición de la maniobra, la oficina de la AFIP en Bahía Blanca “se vio afectada al punto tal, que mientras los inspectores de la Dirección Regional de aquella ciudad avanzaban con la investigación, Ricardo Echegaray, como máxima autoridad, disolvió la Regional”.

En 2013 se determinó que las maniobras de lavado de dinero que habría llevado a cabo el empresario permitían forjar la “sospecha de la existencia de una compleja defraudación tributaria, perpetrada por Austral Construcciones, con la intervención de una serie de sociedades que fingieron contraprestaciones y generaron facturas apócrifas como un ardid para inflar costos en el marco de las obras públicas que le fueron adjudicadas por el Estado”, explicó Casanello.

Por ello, se determinó que las principales autoridades del fisco “habrían obstruido el avance de las fiscalizaciones iniciadas en dicho organismo, las cuales denotaban la existencia del fraude tributario en cuestión, sindicando como beneficiario del mismo, en forma directa o indirecta, dependiendo el caso, a la empresa Austral Construcciones”.

El resultado final de ese accionar, según el juez de la causa, “habría sido que las fiscalizaciones en curso, finalmente, se centraran únicamente respecto de Constructora Patagónica S.A., Grupo Penta S.A. y Calvento S.A, y no trascendieran al beneficiario final de la maniobra, Austral Construcciones S.A”.

Según consigna Clarín, la firma insignia de Báez subcontrató, por lo menos, a cuatro empresas: Constructora Patagónica Argentina S.A., Grupo Penta y Cia.S.A., Calvento S.A. y Terrafari SA mientras recibía contratos del Estado.

El juez determinó que hubo “notables irregularidades detectadas en esas firmas y los vínculos con Austral que venían aflorando con el devenir de las fiscalizaciones mencionadas derivaron en la disolución de la Dirección Regional Bahía Blanca”. Esto derivó en reubicaciones de cargos y hasta el desplazamiento de supervisores e inspectores de la dependencia.

“Con tal proceder, las fiscalizaciones pasaron a la nueva División Fiscalización nro. 5, dependiente de la Dirección Regional Mar del Plata, lo que provocó que perdieran el curso y el grado de avance que venían alcanzando en torno a la afirmación de la existencia de facturas apócrifas por supuestos servicios prestados en favor de ACSA, de parte de Constructora Patagónica S.A., Grupo Penta S.A. y Calvento S.A”, explica la resolución.

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