La Corte Suprema de los Estados Unidos dará a conocer en forma inminente un fallo sobre la expropiación de YPF durante la época del kirchnerismo. En el caso de recibir una sentencia adversa, el juicio de fondo por un monto estimado en unos 3.000 millones de dólares comenzaría en un tribunal inferior estadounidense y podría iniciarse la apertura de un proceso de Discovery, o sea la presentación de pruebas en la que el Gobierno podría intentar demostrar que hubo corrupción en la venta de acciones de la petrolera.

La Corte debería publicar hoy lunes el fallo del caso, pero dado el volumen de expedientes también podría hacerlo el viernes, el próximo día de reunión del tribunal. Lo que debe decidir no es la cuestión de fondo sino un tema de jurisdicción: si la demanda de un fondo buitre por la estatización de la petrolera debe continuar su proceso en Estados Unidos o trasladarse a Buenos Aires, como reclama en Gobierno. La estrategia oficial es llevar el juicio a la Argentina para resolver a través de la justicia local la demanda del fondo Burford Capital, que se quedó con las compañías del Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, y la capacidad de entablar el juicio.

El tema ya había recibido dos fallos adversos para la Argentina en instancias inferiores de Nueva York y el Gobierno apeló entonces al máximo tribunal estadounidense que debe resolver entre tres opciones: si acepta tratar la apelación, si la rechaza o si pide la opinión de un “solicitor”, que en este caso sería la administración de Estados Unidos.

Argentina argumenta que los tribunales estadounidenses no tienen competencia para tratar la demanda porque la expropiación de YPF es un acto de un estado soberano por lo que debería ser tratada por tribunales locales. Los abogados de Burford-Petersen exponen, por el contrario, que durante el gobierno kirchnerista Argentina quebró el contrato al expropiar el 51% de la petrolera y no haber extendido la oferta a los socios minoritarios (el país le pagó a Repsol, que tenía la mayoría, por la nacionalización). Dicen que el tema es de derecho comercial y debe ser juzgado en Estados Unidos, donde se emitieron las acciones.

La opción que parece más probable, según las fuentes consultadas por Clarín, es que la Argentina reciba estos días un rechazo del Tribunal, aunque ven con esperanzas de que puedan llegar a conseguir que la administración estadounidense plantee su opinión. Igualmente, el Gobierno está evaluando varias estrategias para un posible revés.