La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata resolvió este viernes rechazar los pedidos de arresto domiciliario que habían solicitado las defensas de dos de los principales acusados de la organización que tramitaba ante la ANSES beneficios irregulares, lo que provocó una millonaria defraudación a las arcas del Estado, estimada en unos 100 millones de pesos.

En ambos casos, y en línea con lo planteado por el fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones, Daniel Adler, los magistrados Alejandro Tazza y Eduardo Jiménez entendieron que “de momento no se presentan en el caso los supuestos que viabilicen la aplicación del beneficio del instituto de la prisión domiciliaria solicitada por la defensa, toda vez que de las motivaciones y los argumentos dados por la parte no se advierten razones excepcionales que permitan habilitar la morigeración pretendida”.

Por otro lado, tuvieron en consideración “la contundencia y el peso de la imputación” que recae sobre los imputados, quienes se encuentran procesados por resultar jefes u organizadores de una asociación ilícita, y como coautores de los delitos de defraudación contra la administración pública, uso de documento falso, alteración dolosa de registros y tenencia ilegítima de DNI ajenos.

A ello, sumaron que los riesgos se ven incrementados por las medidas pendientes de producción y las circunstancias procesales pertinentes que fueron informadas por el juez de primera instancia, como los distintos elementos tecnológicos que se encuentran bajo estudio pericial, y la existencia de cinco personas con pedido de captura que continúan vigentes en el expediente.

Por todo ello, y luego de analizar los elementos de cada caso introducidos por las defensas, entendieron que “la concesión del arresto domiciliario implicaría un importante aumento del riesgo de fuga o entorpecimiento de la investigación de quien se encuentra acusado de la comisión de severos delitos”.

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