Por Reverso

Una imagen que fue compartida unas 19.000 veces en redes sociales desde febrero último muestra a un grupo de personas en lo que parece ser una protesta y asegura que en la Argentina “el 43,5% de los beneficiarios de planes sociales son extranjeros” y pide su deportación. Sin embargo, según pudo confirmar Reverso, en los principales programas sociales gestionados por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), el Ministerio de Salud y Desarrollo Social, el Ministerio de Producción y Trabajo, y el Ministerio de Educación, menos del 10% de los beneficiarios son extranjeros. En otros programas, que no son los que cuentan con mayor cantidad de beneficiarios, no hay estadísticas diferenciadas por nacionalidad.

La publicación fue compartida en Facebook (ver acá, acá y acá) y en Twitter y despertó la indignación de usuarios que en sus comentarios se expresaron en contra de los extranjeros. “Estoy podrida de pagar cada vez más impuestos a los ingresos para darle a estos vagos gordos y quejándose de hambre [sic]. Si estás gordo es porque comes de más y sos vago” (sic), escribió una mujer. “Urgente deportación, que los banquen [mantengan] sus presidentes”, comentó otra.

Aunque Reverso no logró dar con la foto original de la imagen que acompaña la publicación para conocer el contexto en el que fue tomada, las mujeres que aparecen en ella tienen camisetas con el logo oficial de la Ciudad de Buenos Aires y de la organización social Polo Obrero. La foto circula en memes similares al menos desde julio de 2017.

Consultado por las características de los principales planes sociales en la Argentina, Agustín Salvia, director de Investigación del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina y director del programa Cambio Estructural y Desigualdad Social en el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires, explicó a Reverso que el término preciso que debe emplearse es “programa social”, ya que “plan social” es propio del esquema aplicado durante la década de 1990 en el país.

Según su experiencia, Salvia destacó los siguientes programas actualmente gestionados por el Gobierno como los más relevantes: la Asignación Universal por Hijo (AUH), administrado por ANSES; Hacemos Futuro, gestionado por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social; y las becas Progresar, del Ministerio de Educación.

Una realidad muy diferente

Las publicaciones que se volvieron virales denuncian que hay “3 millones de extranjeros viviendo del ANSES, de los jubilados”. Voceros del organismo aclararon también a Reverso que el término “plan social” no es el adecuado: “Nosotros administramos un sistema contributivo que tiene una parte de niñez, que son las asignaciones familiares, y otras son jubilaciones y pensiones, a partir de aportes y contribuciones de los contribuyentes”.

Fernanda Reyes, responsable del área de Niñez de la ANSES, explicó en diálogo telefónico que el organismo gestiona coberturas de infancia, que se dividen en asignaciones familiares, para aquellos cuyos padres tienen un trabajo formal, y la Asignación Universal por Hijo (AUH), para los que no. “Es el 6% del gasto total de la seguridad social, así que cuando se dice que se está desfinanciando el sistema porque se paga AUH… estamos muy lejos de esa realidad”, destacó Reyes.

La AUH es una transferencia mensual de dinero que otorga la ANSES a personas sin trabajo formal con hijos menores de 18 años. Entre los requisitos para solicitar el beneficio, los extranjeros deben contar con tres años de residencia en el país y DNI argentino. “La AUH no es un plan [social], es un derecho asignado por ley ligado a condicionalidades y requisitos muy claros. Hay controles mensuales que se hacen desde ANSES para su cobro, que se hace sin intermediarios, es directo”, precisó Reyes.

A marzo de 2019, en el país había 3,9 millones de beneficiarios de la AUH, por un total de $8,6 millones, según los datos publicados por la ANSES. Aunque la cifra es similar a la de las publicaciones virales, Reyes detalló que “de ese total, solo el 1,36% son niños extranjeros”.

Otro de los programas clave gestionados por la ANSES son las prestaciones por desempleo, destinadas a trabajadores del circuito formal que hayan sido despedidos. Según la última información publicada, en marzo de 2019 se otorgaron 116.848 prestaciones, por un monto de 475 millones de pesos.

Voceros de la ANSES explicaron a Reverso que la información estadística en este caso no distingue por nacionalidad del beneficiario, por lo que el dato directamente no existe.

Otros programas

Por fuera de la órbita de la ANSES, la cifra de extranjeros beneficiarios de programas sociales también es muy lejana a la consignada en las publicaciones que se viralizaron.

El Ministerio de Salud y Desarrollo Social es el organismo encargado de gestionar los siguientes programas:

Hacemos Futuro, destinado a promover la inserción laboral e integración social de poblaciones vulnerables.
El Monotributo Social, un régimen para el ingreso a la economía formal para trabajadores independientes o cooperativistas con ingresos brutos anuales menores a 138.137 pesos.
El Programa Proyectos Productivos Comunitarios, que busca promover la creación y consolidación de fuentes de empleo en sectores normalmente excluidos del mercado laboral.

En respuesta a un pedido de acceso a la información realizado por Reverso, desde el Ministerio detallaron que unas 236.767 personas son beneficiarias de Hacemos Futuro a agosto de 2019 y solo un 7,1% de ellas son extranjeras. El presupuesto destinado para el programa es de poco más de 17.200 millones de pesos.

En el caso del Monotributo Social, los porcentajes son similares. De un total de 325.539 beneficiarios titulares del programa, solo un 7,1% es extranjero, mientras que de los 361.245 adherentes (parientes del titular que pueden beneficiarse también de la obra social a la que el monotributo da acceso), solo el 5,7% lo es. El presupuesto destinado al programa es de unos 2,9 millones de pesos.

Nacionales y extranjeros, no diferenciados

Los beneficiarios de Proyectos Productivos Comunitarios, que reciben una prestación económica denominada Salario Social Complementario (SSC), pero no están diferenciados por nacionalidad. A noviembre de 2018, según los últimos datos publicados por el Ministerio, había 271.100 beneficiarios, con un desembolso total de unos $1.621 millones para personas físicas.

Funcionarios de la Secretaría de Articulación de Política Social del Ministerio de Salud y Desarrollo Social dieron a Reverso detalles de otros programas sociales que no toman en cuenta la nacionalidad como parámetro, ya que esta información no existe en sus bases de datos.

En esta situación se encuentran los siguientes programas que otorgan subsidios a personas físicas y jurídicas: asistencia a instituciones, ayuda directa a personas, emergencia social para catástrofes o emergencias climáticas, ayudas urgentes a hogares y asistencia a talleres familiares y comunitarios.

En respuesta a otro pedido de acceso a la información, funcionarios del Ministerio de Producción y Trabajo brindaron detalles sobre los programas que gestiona esta cartera, pero aclararon que “el sistema de liquidación no discrimina entre nacionales y extranjeros, exigiéndose en todos los programas a cargo de la Secretaría de Gobierno de Trabajo y Empleo la residencia permanente, y por ende, la posesión de Documento Nacional de Identidad para participar en ellos”.

El Seguro de Capacitación y Empleo ha pagado hasta el 8 de agosto de 2019 la suma de $36,3 millones a 17.966 beneficiarios. A la misma fecha, el Programa Promover la Igualdad de Oportunidades y Empleo pagó unos $108 millones a 9.446 destinatarios. El programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, lleva repartidos hasta esa fecha unos $1.300 millones y en él han participado 186.013 personas.

El Plan Progresar, gestionado por el Ministerio de Educación, ofrece ayudas económicas para que jóvenes puedan terminar sus estudios primarios y secundarios, continuar en la educación superior o formarse profesionalmente. Voceros del Ministerio explicaron a Reverso que para el nivel de formación superior (universitario o terciario) solo se otorgan becas a argentinos (naturales o nacionalizados), mientras que para los niveles de educación primaria y secundaria, quienes soliciten las becas deberán contar con al menos cinco años de residencia en el país y sus progenitores deben tener CUIL (Código Único de Identificación Nacional) que identifica a los trabajadores y registra sus aportes laborales.

Sin embargo, los voceros aclararon que esta cartera “no tiene la distinción entre argentinos nativos y los extranjeros”, aunque destacaron que “la estimación a priori es que el porcentaje es muy bajo”. En 2018 se adjudicaron becas a 581.546 estudiantes, en 10 cuotas de entre 1.250 y 4.900 pesos.

Limitaciones para los extranjeros

“Buena parte de la legislación de los programas sociales, en general limita el acceso a beneficiarios no argentinos que no tengan 2 años al menos de residencia en el país”, sostuvo Salvia, del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina. “Eso no quita que no haya situaciones irregulares en zonas fronterizas, pero no tiene volumen ni importancia en el total de las transferencias”, estimó.

Consultado por Reverso, Leonardo Gasparini, fundador y director del Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS) de la Universidad Nacional de La Plata, también aseguró que los extranjeros representan “un porcentaje muy menor [de quienes reciben] ayuda social”, y destacó que la mayoría de los programas vigentes tienen como requisito que los solicitantes de ayudas estén documentados durante varios años en el país.

Entre 2016 y 2018, el Gobierno otorgó 649.876 radicaciones (temporarias y permanentes) a inmigrantes, según datos brindados a Reverso por la Dirección Nacional de Migraciones de Argentina. Más del 80% se instaló en la Ciudad de Buenos Aires y en la Provincia de Buenos Aires. Venezolanos, paraguayos, bolivianos y colombianos lideran el ranking de nacionalidades de los recién llegados. Los extranjeros representan el 4,8% de la población total del país, de acuerdo con datos de 2015 de la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU.

En conclusión, es falso que casi la mitad de quienes reciben ayuda social en la Argentina son extranjeros. La información oficial de los principales programas sociales vigentes permite corroborar que en los casos en que los beneficiarios están diferenciados por nacionalidad, la cantidad de extranjeros es marcadamente inferior a la cifra que se viralizó, del 43,5%, ya que no supera en ningún caso el 7,1%. Por otra parte, en otros programas, que cuentan con menor cantidad de beneficiarios, los destinatarios de las ayudas sociales no están diferenciados en función de esta característica.

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