Un informe del Banco Central precisó que las transferencias directas del Estado a la población más vulnerable para mitigar los efectos de la pandemia del coronavirus triplicaron a las otorgadas durante 2002 en términos de Producto Bruto Interno (PBI), cuando se produjo la mayor crisis económica y social de la Argentina.

Las transferencias sociales directas realizadas por el Estado nacional, para paliar los efectos de la pandemia de COVID-19, "se presentan como excepcionales, tanto por el monto como por la cobertura", destacó el análisis del Banco Central.

El análisis puntualiza que "el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) alcanzó a 8,9 millones de ciudadanos frente a los aproximados 1,8 millón del Plan Jefes y Jefas", mientras desde una perspectiva anual, en relación con el Producto Bruto Interno (PBI), "las transferencias directas en 2020 triplicaron a las de 2002".

La entidad resaltó en un apartado de su Informe de Política Monetaria, difundido esta semana, que la respuesta a las consecuencias de la recesión iniciada en 2018 fue la implementación de la Tarjeta Alimentar.

Esa nueva política de complemento integral alimentario "beneficia a más de 1,5 millón de familias y alcanza a 2,8 millones de niñas y niños, con $ 4.000 o $ 6.000 mensuales según la conformación del grupo familiar".

Por otra parte, precisó el informe, cada pago de IFE es equivalente, en términos de PBI, a cinco veces la erogación mensual del Plan Jefes y Jefas, implementado en 2002, luego de la crisis.

Ese ingreso, recordó el BCRA, es un programa de transferencias diseñado para atender las necesidades de los sectores más afectados por la crisis y para impulsar la reactivación del consumo.

La prestación monetaria no contributiva de carácter excepcional se fijó en el equivalente de $10.000 y fue destinada a compensar la pérdida de ingresos de aproximadamente 9 millones de ciudadanos afectados por la situación de emergencia sanitaria, como perceptores de la Asignación Universal por Hijo, los trabajadores y trabajadoras informales, de casas particulares, monotributistas sociales y de las categorías A y B.

De este modo, el Ingreso Familiar evitó que 2,8 millones de personas cayeran en la pobreza y que 1,4 millón lo hicieran en la indigencia, según una estimación del Ministerio de Desarrollo Productivo.

"Mientras la AUH permite llegar al 60% de los hogares del 10% más pobre del país, con el IFE se logró beneficiar al 90% de esos hogares", remarcó el BCRA.

Al segmentar por regiones, el análisis destaca que el IFE "exhibe una alta cobertura" en términos de beneficiarios sobre la población económicamente activa de las provincias.

El Ingreso Familiar llega a alrededor del 42,4% de la PEA del Noreste, región con 41,2% de pobreza por hogar según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec); y al 40% para el Noroeste, que tiene un nivel de pobreza de 41%.

Recibe también el IFE el 32,7% de la población activa de Cuyo, que registra 36,7% de pobreza; el 28,5% en la zona Pampeana, que tiene 34,9% de pobres; y el 23% en la Patagonia, que posee el 30,2% de pobreza.

Según la evaluación del Banco Central, durante la actual pandemia el apoyo a los hogares en situación de vulnerabilidad también es "significativo" en la comparación con otros países de la región.

Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) hasta junio pasado, el esfuerzo fiscal de la Argentina "es acorde a su estructura socioeconómica", con cerca de 4% del PBI, nivel superior a países como México, Colombia, Uruguay, Ecuador, Costa Rica y Guatemala, aunque menor a Brasil, Chile y Perú, entre otros.

El BCRA estimó por último que "60% del esfuerzo fiscal del gobierno nacional se destinaría a hogares de bajos recursos".

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