La Fiscalía General del Departamento Judicial de Mar del Plata emitió un dictamen a favor de la legitimidad de una asociación de consumidores que denunció a la finaciera Prestanet -propiedad de la familia de Emiliano Giri- por cobrar intereses usureros.

La empresa del ex presidente del Ente Municipal de Turismo quiso utilizar un tecnicismo para que la denuncia en su contra fuera desestimada, ya que la demandante, Consumidores Financieros, fue dada de baja del Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores.

Prestanet -que tiene un convenio con la comuna mediante el cual otorga préstamos personales a los empleados municipales que los soliciten- fue demandada por la asociación de consumidores en una causa que tramita ante el Juzgado en lo Civil y Comercial N°15, en la que se cuestionan las tasas de interés que aplica esa empresa a los clientes que se atrasan en sus pagos, ya que aseguran que están por encima de lo fijado por el Banco Central. Por eso, los damnificados piden la devolución de las sumas extras, una multa y una corrección para todos los futuros préstamos que otorgue.

Consumidores Financieros Asociación Civil fue dada de baja del Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores, mediante la Resolución 133/2018 de la Secretaría de Comercio del 12 de diciembre pasado, ya que “en una nueva evaluación del estatuto de la misma se concluyó que su objeto no cumplía a cabalidad con las previsiones estipuladas en el Artículo 56 de la Ley 24.240”. La resolución lleva la firma de la secretaria de Comercio Exterior, Marisa Bircher, y ya fue apelada administrativamente por la asociación.

Ante el pedido del abogado de la financiera, Leopoldo Brandiz, para que se desestime la demanda por falta de legitimidad del denunciante, el juez Marcelo Fernández requirió un dictamen de la Fiscalía General, encabezada por Fabián Fernández Garello, que finalmente ratificó la legitimidad de Consumidores Financieros.

En ese dictamen, el Ministerio Público Fiscal entendió que la exclusión de la asociación civil del registro no tiene relevancia en la causa que tramita ante el el Juzgado Civil y Comercial Nº 15 porque cuando fue interpuesta la demanda contra Prestanet, en octubre de 2017, la matrícula de la asociación civil "estaba vigente".

Según la presentación, “la red de comercialización se extiende en zonas o sectores de la población con bajos niveles de bancarización, lo que potencia el negocio, al no tener que enfrentar una competencia significativa por parte de los bancos. Conociendo esta ventaja respecto de cocontratantes, la demandada cobra tasas de interés exageradas, abusivas, que llegan hasta el 177 % de Costo Financiero Total”.

Dudas y polémica por el acuerdo entre Prestanet y el Municipio

 

A través de la cercana relación que forjó Emiliano Giri con el Intendente Carlos Arroyo y su entorno -que lo nombró primero como presidente del Ente Municipal de Turismo y, recientemente, lo propuso con resultado negativo para ocupar la presidencia de Obras Sanitarias-, los negocios de su familia habrían conseguido privilegios y beneficios para su expansión en los sectores financieros, turísticos y de servicio de cobros.

Por ejemplo, a fines de 2018, Ripsa fue designada como la única agencia de cobros y recaudación habilitada para cobrar las multas labradas por la Municipalidad de General Pueyrredon. Además, obtuvo la exclusividad de los códigos de descuentos para los créditos a los que accedieran empleados municipales, dejando excluidos de la competencia a otras dos financieras de la ciudad y al Sindicato de Trabajadores Municipales (STM).

En febrero de 2018, el gobierno de Arroyo dijo de baja, de forma intempestiva, al STM y a las financieras Emfetap y Amigal, con las que tenía vigente un código de descuentos para los créditos obtenidos por personal municipal. Aunque ambas empresas presentaron varias quejas ante el Concejo Deliberante, ninguna avanzó y fueron archivadas por el cuerpo legislativo.

Finalmente, a través de un decreto publicado en abril de 2018, el Municipio oficializó el nuevo convenio de cobro de cuotas de créditos personales mediante la retención de liquidación de haberes con Red de Préstamos, conocida como Prestanet, en un negocio monopólico. Rubricado con las firmas de Arroyo y Jorge Giri -padre de Emiliano-, el convenio determina que la Municipalidad ingresará a la entidad el importe total retenido en concepto de cuotas de amortización e interés de los préstamos personales que los empleados municipales hayan sacado en la financiera de los Giri.

El acuerdo tiene una renovación automática anual y dispone que, antes del día 6 de cada mes, la empresa debe comunicar a la Municipalidad el importe de las cuotas que los empleados deben abonar en el próximo vencimiento para que se debite automáticamente del sueldo del empleado el importe correspondiente al pago mensual del préstamo personal.

En ese convenio, en la cláusula 4, se estableció que “la tasa de interés efectiva no puede ser mayor a un 30 % de la tasa de interés promedio del sistema para préstamos personales publicada por el Banco Central de la República Argentina”, cuando, por ley, no debería ser nunca superior a lo establecido por esa entidad.

Por su parte, el STM denunció la incorporación de los gastos administrativos agregados, del 6 %, lo que incrementa aún más el capital de los intereses adeudados. Además, otra cláusula establece que el Municipio recibe “en concepto de reconocimiento de gastos administrativos un monto equivalente al 4 % del total que (se) entrega mensualmente a la entidad en concepto de retención de los sueldos”.