“Fundamos el amparo en que el uso de celulares en cárceles permite la realización de delitos”
Tras conocerse el amparo presentado para impedir que personas privadas de la libertad puedan usar teléfonos celulares en penales de la provincia de Buenos Aires, el fiscal general ante el Tribunal Oral Federal, Juan Manuel Pettigiani, aseguró que parte del fundamento está dado en que “el uso de celulares en cárceles permite la realización de delitos”.
La medida había sido creada en marzo de 2020, durante la pandemia, como consecuencia de la situación de aislamiento y prevención para evitar la propagación del virus. Pero el pasado 31 de diciembre se venció la emergencia que la habilitaba y desde la Provincia no se tomó ninguna determinación al respecto.
“Como se venció esa emergencia, volvemos a una situación de normalidad y entendemos que esa autorización que se hizo en forma provisoria, y a los fines de la emergencia sanitaria, había terminado”, contó Pettigiani en diálogo con El Marplatense.
En esto, es que se pidió al Tribunal que los presos que están bajo su jurisdicción en establecimientos provinciales dejen de usar celulares. “También fundamos el amparo en el hecho de que habíamos detectado, en un juicio oral que se desarrolló el año pasado, que el uso de celulares en cárceles permite la realización de delitos”, explicó.
Según detalló el fiscal, ahora el Tribunal está investigando ese antecedente y se le pidió que se vuelva a la situación de prepandemia: “Que el contacto familiar se genere por los medios del sistema, como las vistas, las videoconferencias y distintos medios que posibilitan el acercamiento familiar”.
Ahora se espera por la resolución del Tribunal respecto de la admisibilidad del amparo. “Si lo admite, se le correrá vista al Servicio Penitenciario Bonaerense, que pronunciará su descargo. Después el Tribunal tendrá la posibilidad de disponer la finalización de la utilización de celulares por los detenidos federales en establecimientos provinciales”, agregó Pettigiani.
Mientras se realiza este movimiento a nivel judicial, el fiscal señaló que Provincia todavía no tomó ninguna decisión a pesar de haberse vencido la emergencia. En ese sentido, destacó que se genera “una desigualdad entre detenidos en establecimientos federales y provinciales, quienes nos plantean la diferencia de trato que hay entre los que están en un lugar y otro”.
