Gobernadores piden que se declaren inconstitucionales las medidas económicas
Gobernadores y representantes de la oposición de 13 provincias se presentaron este lunes frente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación con el objetivo de dejar sin efecto los decretos anunciados la semana pasada por el Presidente Mauricio Macri, por considerar que les generan pérdidas de entre 600 y 1900 millones de pesos a cada una de ellas.
Específicamente, apuntaron contra la eliminación del IVA en alimentos, la suba del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias y la rebaja de aportes y el congelamiento del precio de los combustibles.
Según informó Clarín, los escritos de Catamarca, Santiago del Estero y La Pampa fueron los tres primeros en ingresar por la mañana en la mesa de entradas y fueron girados a la Secretaría de Originarios, que trata los conflictos entre provincias o entre las provincias y el Estado nacional porque son materia originaria de la Corte Suprema.
La semana pasada, los gobernadores peronistas, a los que se sumaron los de otras provincias cuyos gobiernos no están en Cambiemos, se reunieron en el Consejo Federal de Inversiones para planificar la forma de revertir los efectos de los decretos de Macri que rebajaron los pagos de la clase media por impuesto a las Ganancias y eliminaron el IVA para un grupo de alimentos de la canasta básica. La queja surgió porque parte de la recaudación por esos dos tributos nacionales es coparticipable a las provincias.
El impacto de la medida, en ese sentido, depende del porcentaje de coparticipación asignado a cada distrito. El monto total de la pérdida de recaudación para las provincias, según los gobernadores, será de 40.000 millones de pesos. Buenos Aires, por ejemplo, podría perder hasta $ 6.000 millones y Tucumán unos $1.500 millones, que para la provincia del norte significan los pagos de un mes de salario para todos los empleados públicos del distrito.
El núcleo de los recursos presentados ante la Corte es un planteo de inconstitucionalidad, que se sostiene en que es el Congreso y no el Poder Ejecutivo el que tiene la facultad de cambiar las leyes sobre impuestos. A su vez, en los escritos se reclama una medida cautelar que suspenda de inmediato el efecto de los decretos, mientras la Corte analiza la decisión de fondo.
