Juzgan a dos policías por dar protección a una organización narcocriminal
Dos policías de la Delegación departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas están siendo juzgados en el Tribunal Oral Federal N°1 de Mar del Plata, acusados de liberar zonas que coincidían con calles donde mujeres travestis/trans en situación de prostitución eran dispuestas para la venta de estupefacientes al menudeo.
El accionar de esa banda fue comprobado en el juicio abreviado parcial que condenó a seis personas y al que los efectivos se negaron.
En el marco de la pandemia, el juicio atraviesa distintas instancias de la virtualidad: en la sala de audiencias se encuentra el fiscal general Juan Manuel Pettigiani, en representación del Ministerio Público Fiscal, la defensa de los acusados, y uno de los jueces, Roberto Falcone, mientras que los magistrados Héctor Sagretti y Omar Gutiérrez siguen el debate de manera remota desde San Martín; lo mismo sucede con los acusados, Jonatan Moisés Arce y Carlos María Scaltritti, detenidos en el penal de Marcos Paz.
Luego de escucharse la semana pasada testimonios aportados por el MPF, este jueves se presentarán testigos propuestos por la defensa. Para el viernes está previsto el inicio del alegato de la fiscalía.
La acusación
Arce y Scaltritti están acusados por el delito de comercio de estupefacientes agravado por la calidad de funcionario público encargado de la prevención o persecución de los delitos previstos en la ley. “La presencia policial dando protección a un lugar donde se ejerce una actividad ilegal, es un hecho gravísimo y la participación en el mismo no puede ser considerada secundaria”, leyó Pettigiani en el inicio del debate en alusión a un fallo de la sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, en la causa caratulada “Quintana, Andrés Javier s/recurso de casación”. La pena prevista para este delito oscila entre los seis y 20 años de prisión.
Probado el accionar de la organización criminal que integraron Mara Ángela Cambareri, Carlos Ariel Kubics, Araceli -por su nombre autopercibido- Hurtado Baca, Eduardo Alfredo Pérez, Ricardo Michael Herrera Alfaro Moreno y William Alexander Vázquez, al menos desde febrero de 2014 hasta el 13 de mayo de 2017, la hipótesis delictiva de este debate oral y público -que complementa el acuerdo de juicio abreviado alcanzado en septiembre de 2019- señala que la banda contaba con la participación, connivencia y protección policial.
De acuerdo al requerimiento de elevación a juicio, para que los condenados y condenadas operaran en la denominada “zona roja” necesariamente debían contar con el apoyo y la discrecionalidad de control por parte de las fuerzas de seguridad, concretamente de agentes pertenecientes a la seccional policial con jurisdicción en esa zona -Comisaría 4ta-, y la fuerza provincial especializada en prevenir y reprimir la comercialización de drogas, la Superintendencia del Tráfico de Drogas Ilícitas local.
La hipótesis se fue consolidando a partir del resultado que arrojaban las intervenciones telefónicas dispuestas en la investigación: demostraron cómo era el funcionamiento real de la organización que se valía de mujeres trans en situación de vulnerabilidad y necesidad, que encontraban el sometimiento como única opción valedera para alejarse de la situación de pobreza y discriminación en la que se encontraban, al ejercer la prostitución y vender estupefacientes para beneficio de sus explotadores. Esto permitió ver la existencia de otra estructura conformada presuntamente, al menos de momento, por los oficiales Arce y Scaltritti.
Según la pesquisa, los agentes policiales tenían a su cargo liberar la zona para que Cambareri y Esquivel pudieran ubicar a sus víctimas en las “paradas”/esquinas previamente designadas para que allí ejercieran la prostitución y vendieran estupefacientes, lo que les permitiría hacerse y repartirse el dinero obtenido.
Conversaciones telefónicas y por WhatsApp que constan en el expediente permitieron visualizar que los funcionarios policiales sindicaban a Cambareri como quien, cuanto menos, manejaba la zona. Pero no sólo las intervenciones en los celulares dan sustento a la participación de la policía en los hechos. La palabra de los vecinos y vecinas, quienes declararon ante la Unidad Fiscal de Estupefacientes, dan cuenta de que la fuerza “se lava las manos”, que los que “venden” están “entongados con el comisario de la comisaría de la zona” y que venden estupefaciente delante de la policía.
De la causa surge también lo dicho por algunas de las víctimas: debían pagarle a Cambareri la suma de tres mil pesos para ser autorizadas a estar en esa zona, que nucleaba parte de la avenida Luro, la avenida Champagnat y calles transversales y paralelas. “Parte de ese ‘canon’ exigido no tenía otro fin más que ser entregado a los efectivos policiales con jurisdicción en la zona para que omitieran controlar y prevenir el delito en su jurisdicción, como ha quedado acreditado con mayor fuerza aún, mediante la comunicación que mantuvo uno de los acusados con otra persona, en la que acordaban ‘liberar la zona’, favoreciendo entonces la realización de las conductas atribuidas a los imputados”, leyó la fiscalía en el inicio del juicio.
Más allá de la cobertura en la zona para la venta de cocaína, los policías están acusados de comercializar marihuana a modo de emprendimiento ilegal: de la causa surgen numerosas conversaciones de WhatsApp en las que Scaltritti ofrece “frascos” “a dos”, en cuyas imágenes se observan sustancias estupefacientes.
