La industria naval en alerta: "Nos están desarmando con decretos"
Así lo indicaron desde Servicios Portuarios Integrados respecto a ciertos decretos que "desarman" al sector.
La presidenta de la Asociación Bonaerense de la Industria Naval, Sandra Cipolla, expresó su profunda preocupación por las consecuencias del Decreto 273/2025, que habilita la importación de bienes de capital usados, entre ellos buques y artefactos navales. En diálogo con El Marplatense, advirtió sobre el impacto que esta medida tendrá sobre la industria naval argentina, la competitividad, el empleo y la cadena de valor del sector.
“El impacto de este decreto lo venimos detectando desde la implementación del DNU 70/2023, que introdujo modificaciones en el Código Aduanero y promovía políticas que claramente apuntaban a una desregulación”, señaló. En ese sentido, explicó que “la eliminación del CIBU (Certificado de Importación de Bienes Usados), que regulaba el ingreso de estos bienes, pone en jaque a la industria nacional, que ya venía arrastrando dificultades desde hace décadas”.
La decisión del Gobierno nacional de facilitar el ingreso de buques y maquinaria agrícola usada sin exigir este certificado técnico fue anunciada como un avance en la simplificación del comercio exterior. La medida fue celebrada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y por el titular de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Sin embargo, en el sector naval —y particularmente en Mar del Plata— generó alarma inmediata por sus posibles efectos sobre la producción local.
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La ejecutiva recordó que la resolución 909/94, aún vigente, ha sido una amenaza constante para el sector: “Fue como una espada de Damocles que nos ha perseguido durante años. Desde el sector, trabajamos de manera individual y colectiva con distintos gobiernos para modificarla, sin éxito. Esa norma permitía el ingreso de bienes de capital usados, y el CIBU era el único filtro que evitaba un ingreso indiscriminado que atentara contra la construcción nacional”.
Cipolla lamentó que, pese a los reiterados esfuerzos del sector, “no logramos que se escuche nuestra voz. Alertamos cuando era tiempo de revertir la situación, pero no hubo respuesta. Esto no es una cuestión ideológica: nuestra ideología es la defensa de la industria naval argentina”.
Según explicó, la reciente normativa no solo afecta la construcción naval, sino a toda una red de empresas que integran una cadena productiva sólida. “No se trata solo de astilleros. Hay talleres, carpinteros, electricistas, electrónicos... una cadena de valor virtuosa que había logrado competir en condiciones razonables. Pero, ¿cómo podemos competir si no fabricamos buques usados?”, se preguntó.
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También señaló que desde 2020, el sector había trabajado en conjunto con armadores e industriales en un proyecto para actualizar la resolución 909, con el objetivo de restringir ciertas importaciones sin desalentar la inversión. “Habíamos encontrado consensos, había un camino trazado. Pero no lo pudimos culminar”.
Cipolla advirtió sobre las consecuencias inmediatas: “Vamos a perder competitividad, se va a desincentivar la inversión en modernización de flota, y muchas empresas podrían quedar paralizadas mientras intentan redefinir su destino. Esta medida no solo afecta a la industria naval, sino a todas las industrias nacionales fabricantes de bienes de capital”.
Finalmente, ratificó su compromiso con el sector: “Entendemos que el Gobierno busca facilitar la incorporación de bienes que no se fabrican localmente, pero esta política barre con todo, incluso con lo que funcionaba. Nosotros no somos parte del problema: somos parte de la solución. Y vamos a seguir luchando para que nos escuchen y para que se pueda modificar esta realidad”.
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