El paso del 2018 no generó logró cambios ni soluciones para las diversas falencias e irregularidades que arrastra desde hace años el complejo penitenciario de Batán, que sigue signado por un número de internos alarmante.

El titular del juzgado de Garantías N°4 de Mar del Plata, Juan Tapia, le reveló a El Marplatense que, a la fecha, la Unidad Penal N°15 tiene 1295 personas alojadas, cuando la capacidad máxima de sus plazas se estipula en 900, mientras que la Unidad Penal N°44, que cuenta con un límite de 372 plazas, tiene 526 detenidos.

El magistrado reconoció que se trata de "excedentes importantes" y aseguró que estas cifras se traducen en "hacinamiento, aumento de enfermedades respiratorias, y mayores niveles de violencia". "Si una persona está encerrado las 24 horas con una cantidad de personas superior a las que el lugar debería contener, la violencia aumenta", dijo, y graficó: "Hay gente que duerme en el piso".

El juez de garantías lamentó que la situación estructural del complejo penitenciario ubicado en la vecina localidad "no se haya modificado" y sostuvo que "se mantienen las condiciones de detención que vulneran los  estándares internacionales" que están contemplados para las detenciones.

Tapia aclaró que, en la comparativa con el escenario que se presentaba en diciembre de 2017, la población de la Unidad Penal N°15 se mantuvo "estable" y con un "aumento no tan significativo" con respecto a otros períodos anuales. "En el 2017 sí hubo un aumento del 14 por ciento con relación al 2016", dijo, al recordar los relevamientos que daban cuenta que había 1269 internos alojados.

El magistrado cuestionó que en parte de la sociedad "prolifere un discurso a favor de que los presos se pudran en las cárceles" y recordó que desde el Estado se debe dar cumplimiento a una serie de "obligaciones legales y constitucionales" para garantizar las condiciones óptimas de alojamiento de las personas privadas por su libertad por conflictos con la ley.

"No es admisible que se pueda sostener una detención violatoria de las propias normas suscriptas por el propio Estado argentino", criticó, y concluyó: "La gente tiene que pensar que la persona que no ha tenido en su tratamiento penitenciario alternativas educativas o laborales y ha convivido, por el contrario, en un ambiente más hostil, muy posiblemente las perspectivas resocializadoras van a estar reducidas y eso también constituye un problema de seguridad ciudadana".

 

 

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