La Suprema Corte le dio otra vez la razón a Arroyo en un millonario juicio
Por Marcelo Marcel
La Suprema Corte Provincial, en una sentencia dictada el pasado año 2021, resolvió a favor de la Municipalidad de General Pueyrredon en un millonario juicio laboral iniciado por quien sostuvo ser su empleado y alegando haber cumplido tareas de casero en la Escuela Municipal Nº9 "Intendente José Camuzzo", ubicada en calle Pihué 626 de esta ciudad.
Hace unas semanas, el máximo Tribunal de Justicia bonaerense ratificó el decreto de reestructuración, dándole la razón al entonces intendente Carlos Fernando Arroyo en el juicio que había iniciado el extitular del área de compras, el contador público Oscar Rossi.
En cuanto al reclamo de Báez, ese reclamo había sido receptado en el año 2018 mediante un fallo de primera instancia sancionado por el Tribunal del Trabajo Nº2 de Mar del Plata por el cual se había condenado a la comuna al pago de salarios, indemnizaciones, intereses y honorarios por una cifra cercana a los dos millones de pesos.
Por esa razón, al disconformarse con la sentencia del tribunal marplatense, toda vez que el reclamante nunca perteneció a la planta municipal, la Subsecretaría Legal y Técnica de la Administración Municipal, en ese entonces a cargo del intendente Carlos Fernando Arroyo, interpuso un Recurso Extraordinario para revisar la decisión ante la Corte Provincial.
Finalmente, -en el documento al que accedió El Marplatense-, el máximo Tribunal de la Provincia "revocó íntegramente el fallo dándole la razón al argumento esgrimido por la Municipalidad al considerar que la sentencia que habilitaba al reclamante al cobro de la millonaria suma por salarios, indemnizaciones e intereses no era procedente pues no le resultaba aplicable la Ley 20744 ya que el municipio nunca dictó, en ese sentido, un acto administrativo a favor del accionante y, por consiguiente, la Corte Provincial le indicó al Tribunal del Trabajo Nº2 de Mar del Plata que proceda a dictar una nueva sentencia, la cual que dejará indemne las arcas municipales", se consigna.
De esta manera la comuna local logró revertir una sentencia que le había sido adversa en el año 2018 y evitará afrontar el pago de esa cuantiosa suma.
Cabe recordar que la tarea de normalización y restructuración administrativa llevada a cabo durante el Gobierno Municipal de Carlos Fernando Arroyo había comenzando, en relación al caso del supuesto casero de la Escuela Municipal Nº9, mediante el dictado de los Decretos 5/16, 2634/16 y 2325/16 que le permitieron a la Comuna recuperar un espacio público en este establecimiento que era ocupado como vivienda, sin ningún tipo de permiso, acto administrativo o contratación que lo avalara.
El desalojo promovido, en ese entonces, por la propia administración municipal permitió, a su vez, poner punto final a una saga de juicios laborales (más de 5 procesos judiciales) que se promovían en perjuicio de la Municipalidad de Gral. Pueyrredon invocando ser “casero”.
De este modo, la estrategia de lograr una indemnidad jurídica y financiera futura a favor de la Municipalidad fue lograda y se regularizó así para siempre una situación anormal que afectaba el erario público y erosionaba la estructura orgánica estatal.
HISTORIA DEL CASO
Tras 27 años de ocupación irregular, el Intendente Arroyo dispuso mediante un decreto la desocupación y reintegro de un espacio donde un matrimonio habitaba dentro de la escuela primaria municipal Nº 9 "Intendente José Camuzzo", ubicada en calle Pihué nº 626 de esta ciudad.
En aquel tiempo, el operativo se llevó a cabo con la intervención personal del Subsecretario de Legal y Técnica, Gustavo Gil de Muro y el Jefe de la Policía Local, Fernando Telpuk además de personal de las áreas de Educación, Emsur, y Salud.
"Este caso llevaba más de 20 años sin resolverse dentro del municipio. Se trataba de una persona de apellido Báez que ocupaba, junto con su esposa, un espacio dentro de la escuela de manera ilegítima, sin permiso de uso, y sin tener asignada ninguna tarea o actividad dentro de la escuela. Vale decir, no había motivos para que se mantuviera a lo largo del tiempo esta situación irregular, teniendo en cuenta que en el medio de las aulas y lindante con la cocina del establecimiento, estaba la habitación (un monoambiente con baño) ocupada por el citado ocupante", dijo.
"La restitución perseguida y lograda permitirá la apertura de ese espacio para el uso de la población escolar, y se evitará así cualquier riesgo en la salubridad y seguridad de la población escolar, ya que ese ámbito se encontraba en pésimas condiciones de aseo e higiene", continuó Gil de Muro.
El funcionario afirmó en aquel momento que "el Sr. Báez había sido notificado personalmente de los decretos que ordenaban la restitución, lo que motivó que el procedimiento concluyera de manera pacífica, con el retiro voluntario del Sr. Baez y su esposa".
Finalmente, Gustavo Gil de Muro destacó la "decisión del Intendente Arroyo, por cuanto aquélla situación irregular provocó perjuicios económicos al erario público durante varios años, atento reclamos laborales que fueran efectuados por el Sr. Baez contra el Municipio".
