Las cárceles en Argentina: encierro, reinserción y desafíos
Macarena Fernández Hoffman del Centro de Estudios Legales y Sociales, expuso cómo las condiciones de encierro, el perfil de los detenidos y las decisiones gubernamentales influyen directamente en la posibilidad o imposibilidad de la reinserción social.
La realidad carcelaria en Argentina suele estar fuera del foco cotidiano. Solo se cuela en la conversación pública cuando ocurre una fuga, un motín o un hecho policial resonante.
Sin embargo, en las sombras del sistema penitenciario se libra una batalla silenciosa entre el castigo y la posibilidad de una segunda oportunidad.
En diálogo con "Los datos del día", programa que se emite por Mitre Mar del Plata (FM 103.7), Macarena Fernández Hoffman, coordinadora del equipo de política criminal y violencia en el encierro del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), ofreció una radiografía del sistema penitenciario argentino.
"Lo que vemos hace más de una década es un crecimiento constante de la población detenida", advirtió Fernández Hoffman.
"La mayoría de las personas presas no están por homicidios o delitos violentos, sino por delitos contra la propiedad, como hurtos o robos menores", remarcó la especialista.
"La cárcel termina siendo un lugar al que es fácil entrar, pero cada vez más difícil salir definitivamente", graficó.
La situación se complejiza aún más con decisiones recientes que afectan derechos fundamentales dentro del encierro. El Ministerio de Seguridad resolvió prohibir los centros de estudiantes en cárceles federales, espacios clave para sostener vínculos con el mundo exterior y para fomentar proyectos educativos entre personas privadas de libertad. "No es una regulación, es directamente una prohibición. Es una medida de máxima, poco proporcional y muy preocupante", señaló Fernández Hoffman.
"El problema es que el discurso del castigo como única respuesta a la delincuencia se instaló socialmente hace años. Pero si realmente queremos que alguien no vuelva a delinquir después de pasar por la cárcel, tenemos que garantizarle el acceso a otros derechos mientras está encerrado: educación, trabajo, contacto con su familia", sostuvo la investigadora.
La mirada de la sociedad sobre las personas presas, admite, es una de las barreras más difíciles de romper. "Es una mirada de desprecio. Y eso no ayuda a que una persona pueda reinsertarse. Lo que termina pasando es que la cárcel, lejos de rehabilitar, empeora la situación: es un espacio duro, violento, sin contención. Y salir de ahí, sin redes ni oportunidades, es volver a un círculo que se repite", afirma.
En ese contexto, el Estado aparece más presente para encarcelar que para prevenir. “Hay muchísima inversión estatal en encerrar, pero muy poca en prevenir el delito o en acompañar a las personas que ya pasaron por una cárcel”, dijo.
Mientras tanto, los números —que aún deben analizarse con más profundidad— muestran que las cárceles están cada vez más llenas de jóvenes de sectores vulnerables, sin condena firme, que purgan penas en condiciones inhumanas por delitos menores. Fernández Hoffman lo resumió con crudeza: "Nadie sale igual de la cárcel. Pero lo más grave es que muchos salen peor".
Pensar en un sistema penitenciario diferente no implica ser ingenuos respecto al dolor que generan los delitos ni minimizar la necesidad de justicia. Pero sí nos invita a preguntarnos qué hacemos después del delito, cómo garantizamos que no se repita, y sobre todo, qué clase de sociedad queremos construir.
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