Mar del Plata pidió por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito
El proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) llevado adelante por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, se presentó este martes en el Congreso Nacional por octava vez y buscará la aprobación de las dos cámaras.
La presentación fue acompañada por la realización simultánea de pañuelazos en ciudades de todo el país y el exterior, como Madrid, Berlín, Estocolmo, Toulouse y San Francisco. En Mar del Plata, la concentración se llevó adelante en Luro y Mitre y contó con una marcha e intervenciones artísticas.
Camila Westerlinch del colectivo Mumalá, le manifestó a El Marplatense que la jornada de hoy se vivió como un día de "lucha y entusiasmo, porque se siente la marea verde que vuelve a salir a las calles. El año pasado cuando fue el debate en el Congreso, trascendió fronteras y otros países se hicieron eco del reclamos. Estamos todas unidas en un grito global por el aborto legal".
Asimismo destacó los puntos fuertes del proyecto de ley presentado, entre los que se destacan "la legalización y despenalizacion del aborto hasta las 14 semanas para mujeres y todas la identidades gestantes y la necesidad de modificar de la ley de educación sexual integral que hoy no se está cumpliendo".
En el 2018, el proyecto, que permite la interrupción del embarazo hasta la semana 14, fue aprobado en primera instancia por la Cámara de Diputados pero rechazado por el Senado en la sesión celebrada el 8 de agosto.
La presentación del proyecto se hizo en el Anexo C del Congreso de la Nación con una conferencia de prensa que se vio por pantalla gigante en las calles del Congreso y transmitido por streaming a todo el mundo.
Puntos Salientes del Proyecto
Este nuevo texto toma como punto de partida el texto presentado en el 2018, recuperando los debates en el Congreso que enriquecieron el abordaje del tema.
Según publica Clarín, la propuesta de ley está organizada en tres capítulos con sus artículos pertinentes: que el concepto de “salud integral” debe interpretarse conforme a la definición que establece la Organización Mundial de la Salud (OMS); que no sólo habla de las mujeres, sino que plantea que “en ejercicio de sus derechos humanos, toda mujer u otras identidades con capacidad de gestar tienen derecho a decidir voluntariamente y acceder a la interrupción de su embarazo hasta las catorce semanas, inclusive, del proceso gestacional”, como el bien jurídico a proteger; que se incorporó el capítulo tres, sobre “políticas de salud sexual y reproductiva” y “educación sexual integral”; que, en este sentido, la interrupción voluntaria del embarazo y el aborto son considerados términos equivalentes; que no figura en el texto la objeción de conciencia, ni la necesidad de denuncia ante una violación.
Dentro del proyecto que se presenta este martes, se plantea la necesidad de debatir el rol del Estado frente a una problemática social en la cual miles de mujeres sufren serios daños. No es legítimo que el Estado imponga una controvertida visión sobre el comienzo de la vida humana y persiga penalmente a aquellas personas que no concuerdan con la misma. Es necesario discutir hasta qué punto el Estado puede interferir en el ámbito de la autonomía de las mujeres, imponiéndole restricciones para decidir sobre su propio cuerpo.
Además, entre muchos otros puntos que se incluyen, se hace hincapié en relación a los profesionales de la salud. Según el artículo 14 del proyecto, se incorpora como artículo 85 bis del Código Penal la pena de prisión de tres meses a un año e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena, a la autoridad de un establecimiento de salud, profesional o personal de la salud que dilatare injustificadamente, obstaculizare o se negare a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados. A su vez, la pena se elevará de uno a tres años de prisión si se hubiera generado perjuicio en la salud de la mujer o persona gestante. Y si como consecuencia de esa conducta resultara la muerte de la mujer o persona gestante, la pena se elevará a 5 años de prisión.
