Piden terminar con otra "prebenda" de Grabois en Mar del Plata
En el congreso de la Nación, la diputada libertaria marplatense presentó un proyecto para que las tierras de El Marquesado regresen a la orbita Nacional tras la cesión realizada por la gestión anterior a la Provincia. Un paso no menor en la pelea por “la batalla cultural”.
La diputada Nacional Juliana Santillán elevó un proyecto al Ejecutivo Nacional en el que insta de forma urgente -a través de la Jefatura de Gabinete de Ministros y ésta por su dependencia la Agencia Administradora de Bienes del Estado- a que arbitre todos los medios necesarios con el fin de dejar sin efecto la cesión al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, para que el predio denominado “El Marquesado” vuelva a la órbita del Estado Nacional. Allí se quería emplazar un proyecto agroecológico, vinculado al MTE de Juan Grabois.
En la resolución, que contó con la adhesión de todos los diputados que integran el bloque de La Libertad Avanza, la marplatense hace un pormenorizado análisis de la situación que despertó una gran polémica en el 2023, a poco de las elecciones Generales, cuando desde Mar del Plata se dio a conocer la “usurpación de tierras en el frente costero”, tal como se detalló en su momento. Ese tema escaló a nivel Nacional, la visibilización recibió la validación, entre otros, del expresidente Mauricio Macri, el precandidato a gobernador Diego Santilli, funcionarios y concejales de distritos vecinos en apoyo a un impulso que tomó el intendente Montenegro.
“Nos encontramos ante una de las tantas prebendas de la política tradicional, donde el Estado se convierte en un bastión de uso político-partidario, como nos tiene acostumbrado el Kirchnerismo”, refirió Santillán. Y graficó que “es en ese “toma y daca” permanente, donde el manejo de lo Público se vuelve de uso privado de la casta política, que utiliza la necesidad de las personas más vulnerables haciéndolos sus rehenes sociales para poder acceder a cuestiones básicas”.
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A fines del mes de marzo de 2023, vecinos denunciaron una supuesta toma de tierras en “El Marquesado”, un sector ubicado sobre la Ruta Provincial 11 frente a la costa marplatense. Integrantes de la Asociación Civil “Tercer Tiempo”, vinculada al MTE de Juan Grabois, ingresó al predio de 140 hectáreas junto a Gabriela Carpineti, Directora Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia, lo que desató la reacción de los vecinos de la zona, se recuerda.
El 16 de febrero de 2023, las autoridades de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), gestora de los terrenos en cuestión autorizó la cesión, y por el plazo de 180 días -prorrogable a otros tres meses- por medio de un convenio para probar la factibilidad de un proyecto agroecológico, en una clara prebenda de favores políticos en connivencia de los organismos de los Estados Nacionales y Provinciales.
El tema escaló de una forma veloz y fue el intendente Montenegro quien recurrió a la justicia Federal con una denuncia penal, que en este momento se encuentra tramitando por ante el Juez Federal Ariel Lijo, subrogante en el Juzgado en lo Criminal y Correccional N° 12 de Capital Federal, caratulada: “usurpación, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público”.
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Quizás una acción que poco se recuerde da cuenta que, ante esta situación, la administración de Alberto Fernández, a escasos días del cambio de gobierno nacional y tras el conflicto judicial contra el proyecto agroecológico del Movimiento de los Trabajadores Excluidos (MTE), por intermedio de la Agencia de Administración de Bienes del Estado nacional (AABE) el 24 de noviembre 2023, firmó un convenio para ceder el terreno costero de “El Marquesado” al Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires.
Santillán, a un año del inicio de la denuncia que realizaron los vecinos de El Marquesado, se puso al frente del pedido y volvió a poner en agenda el tema, luego de que el fiscal local Juan Manuel Pettigiani apuntara a Juan Grabois por distintas irregularidades, algunas relacionadas por la construcción de viviendas por el posible delito de incumplimiento de los deberes del funcionario público, administración fraudulenta y defraudación al Fondo Fiduciario de Integración Socio Urbana (FISU).
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Fuentes consultadas por El Marplatense pudieron confirmar que la diputada Nacional luego de presentar el proyecto tomó contacto con el entorno del presidente Milei para solicitar que se aceleren los tiempos y se pueda avanzar en los actos administrativos para que el Estado Nacional pueda recuperar las tierras ubicadas en el sector sur de General Pueyrredon.
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