Polo Constructora: aseguran que por los ataques "se tuvo que cerrar la empresa"
El abogado de la entidad expuso una posible solución para las personas que aún no recibieron su casa prefabricada y que "se remita la causa al Centro de Mediación Penal para tratar de reunir a todas las partes y conciliar la forma de devolver estos fondos”, estipuló.
En los últimos días tomó relevancia un caso que involucra a 175 vecinos de Mar del Plata que denunciaron “ser estafados” por parte de una empresa constructora de casas prefabricadas que no fueron entregadas.
La causa la lleva adelante la fiscalía de Delitos Económicos a cargo de Juan Pablo Lódola quien declaró, en diálogo con El Marplatense, que "se busca determinar es “si se trata de un caso de incumplimiento contractual -lo que sería algo de la esfera civil- o estafas en cadena, es decir determinar si los acusados desde un inicio tenían decidido no cumplir con los contratos y quedarse con el dinero”.
Para responder a los cuestionamientos, el abogado de Polo Constructora, Martín Ferrá, contó en diálogo con la 99.9 cómo se conformó la empresa: “es una pareja de chicos jóvenes, emprendedores, que quieren sacar adelante su vida en el marco de los distintos vaivenes que registra la economía del país”.
“Ambos trabajaban en distintas empresas de la ciudad, dedicadas al rubro de construcción de viviendas prefabricadas, y después de años decidieron montar su propia empresa. Así es como nace Polo Construcciones, nombre de fantasía, que se materializó con dos sociedades anónimas en septiembre del 2019”, continuó.
De esta manera, “iniciarion su emprendimiento, tomando varios empleados y contratando distintos tercerizados o proveedores que daban vida a la empresa. Con todos los sobresaltos económicos del país, y la pandemia en el medio, lograron sacar a flote la empresa y desde el 2019 al 2023 lograron construir y entregar 300 viviendas terminadas en Mar del Plata”, declaró.
Por lo que “si tenemos en cuenta que montones de organizaciones sociales que han defraudado al Estado ni siquiera llegan a esa cifra, lo que han logrado estos chicos trabajando, con esfuerzo, sacrificio mancomunado de ellos y todos los que formaban parte como empleados, proveedores, tercerizados, realmente es un resultado importantísimo”, aseguró.
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Surgimiento del conflicto
A la hora de cerrar el trato, las partes firmaban un contrato que establecía un plazo de entrega de las viviendas terminadas con una prórroga por condiciones climáticas que podían atrasar el trabajo.
No obstante, los clientes se cansaron de esperar: “Lamentablemente la situación del país en los últimos meses, e incluso dos años, no acompañó a esta empresa por los desajustes y los ajustes, algunos necesarios, que se hicieron en la economía argentina. Sufrieron las consecuencias”, setenció el letrado.
Asimismo, “no podemos dejar de tener en cuenta el último año del gobierno saliente donde hubo 211% de inflación interanual, tampoco podemos desatender del gobierno actual la megadevaluación del peso argentino de un 120% y el dólar oficial de 400 a 800 pesos. Esto repercutió en una elevación del índice de costos de la construcción de 265% interanual en el último año”, explicó.
En este contexto de incertidumbre, “las viviendas se comercializaban a precios muy accesibles, en cuotas y con un mínimo de interés. Vendiendo en pesos, financiando y con esta debacle, se produjo un desfasaje y una distorción entre relación la contractual y la operatoria comercial de esta empresa. Como tantas otras, que se hizo un cuello de botella que originó la demora en las distintas entregas pendientes, un total de 175 viviendas que la mayoría están con un 35 o 40% de obra completada”, comentó.
De modo que “los reclamos que son de público conocimiento creemos que son justos, pero que equivocaron la vía recurriendo a la agresión, el daño. Esto originó el cierre preventivo de la empresa por una cuestión de seguridad, tanto de los empleados como los propietarios”, argumentó.
Además, aclaró que “los representantes legales están en esta ciudad, no se han ido del país. Se presentaron espontáneamente al proceso con mi asistencia letrada el 1 de junio, el día 8 de junio hicimos una presentación en la fiscalía ofreciendo toda la documentación contable para acreditar lo que acabo de comentar, poniendose a disposición de la fiscalía y el juzgado de garantías”.
En la última oportunidad, ofrecieron “posibles soluciones al conflicto planteado, que a mi criterio como abogado penalista, no constituye ningún tipo de estafa, no hay ánimos ni de perjudicar, ni engañar a nadie. La realidad económica y social de la Argentina nos afecta a todos y es pública”, exhibió.
A su vez, proclamó que “en esto hay que rescatar la acción de la Fiscalía de Delitos Económicos que ha pesar de la saturación de causas que tiene, comenzó a recibir todas las presentaciones que se hacían, algunas personales, pero la mayoría vía mail institucional de la fiscalía. Eso contribuyó a contener a la gente, darle recepción a sus reclamos y tratar de morigerar la beligerancia que se había originado”.
En esa vorágine, “destruyeron las oficinas de la empresa Polo en la avenida Champagnat y Colón, también hubo desmanes en las oficinas administrativas que se abrieron alterntivmente sobre avenida Colón y tuvieron que ser cerradas”.
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La propuesta de la empresa
Con el marco teórico desarrollado, el abogado penalista expuso la posible solución que fue presentada ante la Justicia y que esperan que conforme a las personas que han sido afectadas por la situación.
“Considerando la inexistencia del delito de estafa y sí del incumplimiento contractual y mora de cumplimiento de índole civil, lo que yo plantee es que se entregaron 300 viviendas terminadas, de las cuales los clientes están pagando sus cuotas, restan entregar 175, el monto que deben los clientes que ya tienen sus viviends terminadas, suma un total de 329 millones de pesos, un poco menos de 329 mil dólares. Lo que se debería, por trabajos sin terminar o a completar con esos 175 clientes, que la mayoría son los que se presentron en la fiscalía n10, alcanza una cifra de 315 millones”, esquematizó.
En conclusión, “el saldo acreedor que tiene la empresa por cobrar por las viviendas terminadas y entregadas cubre perfectamente para devolver las cuotas de los clientes que han pagado y no se han podido terminar su vivienda”, confirmó.
Sin embargo, hasta el momento, “por el descarril que sufrió el reclamo inicial, se tuvo que cerrar la empresa y esto no se pudo materializar, esa es la propuesta concreta que se hizo en la fiscalía N°10. La ley de mediación penal 13433 fue creada específicamente para mediar en los delitos leves y de naturaleza estrictamente económica como el presente caso, y en ese sentido, se hizo la primer proposición de vías de solución; que se remita la causa al Centro de Mediación Penal para tratar de reunir a todas las partes y conciliar la forma de devolver estos fondos”, estipuló.
"Los clientes que pagan, lo hacen en una cuenta del Banco Francés al nombre de una de las dos razones sociales con las cuales opera Polo Construcciones. Esa cuenta está inhibida por orden de la jueza de garantías, la Dra. Lucrecia Bustos, a pedido de la fiscalía 10 del Dr. Pablo Lódola. Se puede depositar dinero, los pagos que se efectúan ahí tienen efecto cancelatorio pleno, pero no se puede extraer dinero", agregó.
Consecuentemente, “todos los pagos que vayan haciendo los clientes de esas 300 casas terminadas y entregadas, lo que pidió esta parte es que sean asignados a esa redistribución o devolución entre aquellos clientes que tengan trabajos pendientes con un crédito a favor”, remarcó.
A pesar de ello, “el tema es que juntar a 178 voluntades no es fácil, muchos tienen patrocinio letrado, con los cuales se ha tomado contacto. El otro tema es si el Centro de Mediación Penal tiene suficiente capacidad de personal, infraestructura y logística para hacerlo. Creo que con buena voluntad de todas las partes y esfuerzo, que no pongo en dudas por parte del titular, esto se podría plasmar. Ya ha habido montones de acuerdos de naturaleza económica”, garantizó.
A fin de cuentas, “si no logramos por medio de esa vía o la fiscalía considera que no hay lícito penal y se declar incompetente, la otra vía es la Justicia Civil a través de un concurso preventivo de acreedores donde tendría que presentarse cada cliente a verificar su crédito y con intervención de un síndico se haría la devolución de los importes, precisamente de ingresos que le restan a la empresa”.
Pese a la situación, resaltó que es importante dejar la violencia, ya que “una empleada, un piedrazo entró por la ventana y la golpeó. Es entendible la molestia, el enojo y el derecho al reclamo, el tema fue la vía. Hoy estamos en lo judicial y creo que es la forma racional y lógica de buscarle la solución. Los números dan para eso, se propuso un contador público, un perito de parte, creo que la Justicia tiene las herrramientas adecuadas para plasmar la solución”.
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