Presentaron una denuncia penal para que no se instale una destilería junto al Faro de la Memoria
Organismos de Derechos Humanos señalaron que existe "corrupción" por el modo que se aprobó el expediente.
Organizaciones de Derechos Humanos de Mar del Plata presentaron una denuncia penal por el expediente que se aprobó en el Municipio para instalar una destilería de gin en el predio junto al Faro de la Memoria donde funcionó un centro clandestino de detención.
En este sentido, el Dr. César Sivo, representante de la causa, explicó que “se da un dato de abuso de autoridad porque se está tomando una decisión contrariando disposiciones legales específicas, entre otras cosas, la ley orgánica de municipalidades que establece determinadas obligaciones de los funcionarios municipales que en este caso no se cumplieron”.
Por otro lado, “hay muchos doctrinarios de derecho penal que siempre manifiestan que en el tipo de delitos abuso de autoridad o incumplimiento del deber, siempre viene de la mano otro tipo de delito”, señaló.
De modo que “acá aparece dentro de lo que se analiza en Naciones Unidas las matrices de corrupción, con un primer dato de la urgencia innecesaria. Una cosa es comprar una ambulancia y pasar de largo ciertos rigorismos formales, que justamente están para que las autoridades no abusen de su poder”, aseguró.
“Esto hay que entenderlo, no significa que por tener la mayoría absoluta de votos se puede hacer cualquier cosa. No son los dueños de la ciudad. El funcionamiento regular de la administración pública tiene consecuencias penales cuando se hace irregularmente”, continuó.
No obstante, “hay excepciones, comprar una ambulancia, tengo que hacer un hospital móvil urgente como en los casos de Covid. No es este caso, no había urgencia, no creo que alguien pueda entender que es una urgencia generar un centro de ocio para la próxima temporada”.
“Esa urgencia la puede tener el empresario, pero no quien dispone del espacio público que además es de memoria”, afirmó.
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Un segundo dato a analizar es que busca “saltear elementos necesarios para la producción del acto jurídico. Lo administrativo requiere, entre otras cosas, dictámenes legales y recordarán al concejal Taccone que dijo con toda claridad que falta el dictamen de legal y técnica”.
“La Municipalidad tiene cientos de abogados, un secretario de legal y técnica, y sin embargo no hay dictamen necesario. Al igual que de impacto ambiental, a pesar de que en el expediente dice que lo deben hacer”, agregó.
Por consiguiente, “la urgencia inusitada, la irregularidad del trámite, la ausencia de firmas que se necesitan para este tipo de cuestiones, coinciden con la matriz de corrupción que marca Naciones Unidas”.
En este contexto, “los organismos de Derechos Humanos entienden que esto no se puede obviar, se necesita una investigación profunda porque dentro de la matriz de corrupción hay que ver quién se corrompe y quién es el corruptor”.
Como resultado, “la denuncia abarca a todos los componentes de este frente. Quieren sumar algo más, aparece la sociedad de fomento como intermediaria, triangulando. En otros casos, cuando aparece el tercer intermediando para facilitar una operación ilegal, suele quedar solapado o disimulado, recibe y después con el tiempo decí tal cosa. Acá está documentado en el expediente”, expresó.
“Todos estos elementos hacen pensar que estamos frente a delitos penales, algunos formales como el abuso de autoridad. La regularidad de la función pública requiere que se cumplan todos los pasos y cuando no es así, debe haber razones super urgentes”, remarcó.
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En modo de reflexión, indicó que “si alguno puede pensar que poner un bar, una destilería de gin, un centro de ocio en un centro clandestino de detención tiene alguna urgencia, permite que no se hagan los trámites como corresponde y que se altere el funcionamiento de la administración, estaríamos en un problema”.
Por ende, “es una denuncia penal que debe tramitarse y tomar medidas, tiene que haber acciones en concreto desde el ministerio Público Fiscal, pero son decisiones políticas. Los mismos que tienen la mayoría no van a votar suspenderse”, resumió.
“Estamos en un momento muy particular en lo que pasa en Argentina donde todos piensan que por haber tenido una legitimación electoral, pueden hacer cualquier cosa. Si están violando principios éticos tan elementales como transformar un centro clandestino en un espacio de ocio, a partir de ahí no creo que se pongan éticos para analizar que si los denunciaron, se toman licencia”, concluyó.
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