Prestadores de salud para personas con discapacidad piden que se derogue una resolución
En las últimas horas, el presidente Javier Milei realizó en cadena nacional, el anuncio de un DNU en donde se modificarán más de 200 leyes, normas y sectores productivos.
El jefe de Estado ratificó varios de los conceptos que esbozó en su discurso del 10 de diciembre e hizo principal hincapié en la herencia recibida y en la receta que buscará aplicar para “evitar la peor crisis de nuestra historia”.
El jefe de Estado ratificó varios de los conceptos que esbozó en su discurso del 10 de diciembre e hizo principal hincapié en la herencia recibida y en la receta que buscará aplicar para “evitar la peor crisis de nuestra historia”.
Ante esto, varios sectores expresaron su disconformidad tanto con estas medidas como con algunas realidades que atraviesan desde hace tiempo. Sobre esto, la referente de prestadores de salud para personas con discapacidad, Lucía Fraternal dialogó con El Marplatense y explicó: "Desde el colectivo de prestadores Unidos Mar del Plata, en esta ocasión pedimos la derogación de la resolución 2484 publicada el 7 de diciembre, último día hábil del gobierno anterior".
"Esta resolución atenta directamente contra los derechos de las personas con discapacidad y de los prestadores de salud para llevar a cabo esta resolución. Tanto los transportistas prestadores y pacientes tenemos que bajarnos una aplicación con el fin de activar un QR para luego ser geolocalizados no solo en el trayecto de la casa del paciente al consultorio, sino viceversa. Esto atenta directamente contra el derecho de la libre circulación y estamos hablando en su gran mayoría de menores de edad que van a ser geolocalizados por la Superintendencia de Salud", dijo.
"Fue presentada con el fin de blanquear los procesos del mecanismo de integración, que es el sistema por el cual Superintendencia de Salud reintegra a las obras sociales los honorarios de los profesionales de salud y a su vez de los transportistas", sumó.
Y agregó: "Pero lejos de generar un proceso de mejoras en el sistema, lo que hace es producir más limitaciones al momento de poder brindar servicios de salud en discapacidad".
"Tenemos una larga lista de condiciones al momento no sólo de presentar los papeles, sino también de la facturación y esta sería una manera más y limita las prestaciones porque los profesionales no sólo trabajamos en el consultorio. Hacemos reuniones con las escuelas, acompañamos a los pacientes en situaciones que les generen desafíos, trabajamos con talleres de habilidades sociales por fuera del consultorio", continuó Fraternal.
"Muchas veces los horarios son modificados porque los salarios de los pacientes también se cambian. O nos enfermamos o nos sentamos a hacer un cambio. Con esta resolución, solamente vamos a poder trabajar en el espacio clínico de consultorios de manera enmascarada. Recordemos que en el corriente año, el presupuesto fue un 5% menor que el del año 2022", aclaró la Psicopedagoga .
"Somos víctimas de un sistema que nos maltrata día tras día. Cobramos con demoras que superan los 90 o 120 días y no tenemos ningún tipo de autorización de honorarios, el último fue en el mes de septiembre del 5%. No hay ninguna persona que pueda trabajar en estas condiciones, por lo cual, esto nos invita a dar de baja las prestaciones de salud con obra social", mencionó.
"Esto para nosotros es algo muy triste porque sabemos que la mayoría de nuestros pacientes no pueden pagar nuestros honorarios y no queremos trabajar para una élite, queremos que se cumpla el derecho a los acceso de las terapias de nuestros pacientes y nosotros poder trabajar libremente en condiciones dignas. Queremos cobrar a mes vencido con un horario actualizado acorde a la inflación que estamos sufriendo todos los argentinos. No queremos trabajar por una sesión que está muy por debajo de lo que correspondería", dijo.
"Queremos trabajar en condiciones dignas, ser parte de nuestras paritarias, porque los profesionales de salud no tenemos representatividad. Las decisiones son tomadas por un grupo selecto que nada tienen que ver con el colectivo de los profesionales en discapacidad", esclareció la prestadora.
"No hay ningún trabajador que hoy pueda sostener su realidad cobrando sus honorarios superando los 90 días. Esto es un recorte enmascarado de las prestaciones de salud. Los trabajadores de salud no vamos a trabajar en estas condiciones porque las consideramos anticonstitucionales y creemos que tenemos que trabajar en condiciones dignas, nos merecemos poder trabajar en libertad cobrando un honorario actualizado", concluyó la referente.