Amparo de SICONARA: el impacto del desfinanciamiento en las obras sociales
Así lo indicaron desde el Sindicato, tras una medida por parte del Ejecutivo Nacional con respecto a la medicina prepaga.
En las últimas horas, el Sindicato de Conductores Navales emitió un comunicado respecto a un “desfinanciamiento de las obras sociales” del sector por el cual iniciaron un amparo con el acompañamiento del Doctor Ricardo Gil Lavedra.
Ante esto, emitió un comunicado en donde indicó: "Con motivo de las dudas generadas en torno al "Trámite Voluntad de Permanencia en Obra Social", informamos que desde OSCoNaRA rechazamos tajantemente la inconstitucional Resolución 1/2025, por ser una medida que tiene por única finalidad avanzar contra las obras".
“Es por este motivo que no incentivamos a nuestros afiliados a completar dicho trámite. No obstante, para quienes ya lo hayan realizado, no reviste ningún problema. Además, queremos transmitir un mensaje de tranquilidad a todos nuestros compañeros, informándoles que las prestaciones de salud están garantizadas para los próximos meses”, aclararon.
Sobre esto, Mariano Vilar, secretario general de SICONARA dialogó con El Marplatense y expresó: "Este Gobierno viene atentando contra el sistema de las obras sociales sindicales, desde el DNU 70/23 que puso una supuesta igualdad de condiciones a las empresas de medicinas prepagas con las obras sociales. Durante todo el año pasado intentó que los afiliados se fueran de las mismas, para que puedan optar pero eso la gente no lo hizo porque entiende que la obra social oficia de un reaseguro, de que nos hacemos cargo cuando hay algún conflicto con las empresas de medicina prepaga".
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“En enero de este año, como vieron que la gente optaba por quedarse en la obra social, la paso de forma autoritaria. E incluso, en nuestro caso que tenemos un convenio prestacional con una empresa de medicina prepaga, también nos pasó y nos quitó compulsivamente a todos nuestros afiliados a una de esas. Así se desfinancia a nuestra obra social para poner todo ese dinero en los bolsillos de un privado”, agregó.
“Más de 1 millón 600 mil trabajadores fueron traspasados compulsivamente gracias a esta resolución que es ilegal e inconstitucional, porque incluso que la firmó, no tiene la potestad para legislar sobre estas cuestiones que son de aportes de los afiliados”, sentenció.
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